El Gobierno aprobó ayer el nuevo bono social para la factura de la luz, del que se pueden beneficiar unos 2,5 millones de usuarios. Los descuentos se sitúan entre el 25% y el 40%, aunque pueden llegar al 50% en función de la vulnerabilidad y el nivel de renta de los hogares. El real decreto, que fija un límite de consumo anual para beneficiarse de las rebajas, regula además los cortes de suministro para hogares necesitados, con un plazo que se amplía de dos a cuatro meses; y establece un mecanismo para evitarlos para consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social.
El real decreto establece tres categorías de consumidores vulnerables y fija los umbrales de renta para los diferentes descuentos. En el caso de una persona sola, la renta que permite ser beneficiario del bono social y disfrutar de un descuento del 25% se sitúa en un poco menos de 11.300 euros al año, cuantía que se eleva a cerca de 19.000 euros en una familia con dos menores.
En este apartado se incluyen aquellos hogares formados por pensionistas con prestaciones mínimas y las familias numerosas consideradas vulnerables. El descuento se amplía hasta el 40% para los denominados «consumidores vulnerables severos».
El umbral se incrementa para el caso de personas con discapacidad y para víctimas de violencia de género o de terrorismo.
Se crea la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que, además de tener rentas por debajo del umbral fijado para los severos, son atendidos por los servicios sociales de su comunidad y esta les paga al menos el 50% del importe de su factura.
En estos casoso, no se les podrá cortar la luz en caso de impago y para ello la nueva regulación establece un mecanismo por el que las comercializadoras de electricidad tendrán que hacer una aportación financiera adicional, asumiendo el resto del recibo que no cubre la autonomía.
El nuevo bono social se reformó después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por incumplir la normativa comunitaria. El ministerio de Energía, dirigido por Álvaro Nadal, afirma que se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las comercializadoras eléctricas como «un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado».
