El Congreso de EEUU dio ayer a Barack Obama el mejor regalo para que se llevara a las cumbres del G-8 y del G-20 en Toronto. Tras meses de divisiones, las dos cámaras alcanzaron en una maratoniana sesión un acuerdo sobre la reforma del sistema financiero propuesta por la Casa Blanca para tratar de evitar una crisis como la que hace dos años empujó a la economía mundial al borde del abismo.

Quedan aún dos votaciones antes de que Obama estampe su firma en una ley que supone la mayor transformación de las regulaciones de Wall Street desde la gran depresión, pero el presidente llegaba a Canadá con un elemento de unión con el que compensar la división transoceánica respecto a los estímulos y los planes de ajustes.

Desde la Casa Blanca y el Congreso se defendía que la reforma reposiciona a EEUU como "líder" en los esfuerzos mundiales para tratar de transformar el sistema financiero, aumentar su control y evitar que vuelva a hacer temblar los cimientos mundiales. Es a nivel nacional, no obstante, donde Obama se apunta su mayor éxito, la segunda gran victoria de su mandato tras la reforma del sistema sanitario.

DESCAFEINADO Como entonces, la ley que avanza es una versión descafeinada de la propuesta original que en su tortuoso camino ha perdido algunas de las iniciativas más duras contra Wall Street. Aun así, creará nuevos mecanismos de control, impondrá restricciones a la banca en sus prácticas más arriesgadas, dará más poder al Gobierno para intervenir en caso de riesgo de crisis y establecerá más protección para el consumidor.

En una pequeña victoria de los lobis de la industria, los senadores y representantes pactaron incluir una versión rebajada de la llamada regla Volcker (propuesta por ese expresidente de la Fed), pero aun así restringirán la capacidad de los bancos protegidos por seguros federales de operar en los mercados con su dinero y para su propio beneficio.

También en la regulación de los derivados hubo concesiones y victorias. Aunque la presión de algunos demócratas vinculados a Wall Street obligó a desterrar la prohibición total a la banca de comerciar con esos instrumentos financieros que representan una industria de casi 500 billones de euros, en un plazo de dos años será obligatorio segregar las operaciones más arriesgadas en subsidiarias capitalizadas.