El día antes de que los sindicatos, la patronal y el Gobierno inicien la negociación de las reformas socioeconómicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó ayer a España que rebaje la indemnización por despido y transforme el servicio público de empleo y la estructura de la negociación colectiva.
La OCDE, que agrupa a los países más industrializados del mundo, realiza estas recomendaciones en el capítulo dedicado a España del documento sobre Perspectivas de empleo para el 2004. La organización reconoce que España ha creado más de la cuarta parte del empleo de la Unión Europea desde hace 10 años, pero advierte de que el mercado laboral español arrastra consigo viejos problemas y una tasa de desempleo del 11,5%, la tercera más alta de los países que forman parte de la OCDE.
El índice de ocupación del 60% de la población en edad de trabajar es inferior al 70% de países como Australia, Dinamarca, Suecia, EEUU y el Reino Unido. La razón principal es la baja proporción de jóvenes, mujeres y trabajadores veteranos que tienen empleo.
DUALIDAD LABORAL En segundo lugar, el informe llama la atención sobre la temporalidad del mercado laboral, que afecta a una tercera parte de los trabajadores. Junto a este colectivo, está el de los que tienen contrato indefinido, que "disfrutan de un nivel elevado de protección legal con respecto al despido". El resultado es una "fuerte dualidad" de los trabajadores españoles sólo igualada por Corea del Sur.
Con el objetivo de favorecer la contratación estable de jóvenes y mujeres, el estudio recomienda "suavizar la legislación laboral", y recuerda que las regulaciones del despido son "especialmente exigentes en España".
La OCDE reconoce que la rebaja del despido implicaría "mayor inseguridad en el empleo y un riesgo de precariedad laboral". Para paliar el efecto indeseado de un aumento de los despidos, la organización propone aplicar en España el modelo danés de la "flexiguridad" , que incluye "un verdadero apoyo" a los parados por parte del servicio público de empleo a cambio de que éstos se comprometan a buscar trabajo "de forma activa". El inconveniente de este sistema es, según el informe, un coste alto para el Estado de alrededor del 5% del producto interior bruto en el caso de Dinamarca.
La organización recupera la receta clásica de fomentar los convenios colectivos de empresas con el fin de evitar que los salarios no reflejen la situación de las compañías. "Cuanto más absorben los salarios un bajón de la demanda, menor es el impacto sobre la plantilla", afirma el documento. Por este motivo, la OCDE concluye que hay que promover la utilización de las cláusulas para que una empresa no pueda subir los sueldos si tiene problemas.
