Una de las grandes reformas que la crisis ha destapado como de más urgente necesidad ya se ha concretado. Las administraciones tendrán que pagar a sus proveedores en 30 días y las empresas en 60, sin posibilidad de pactar periodos más largos. El recorte de los plazos, que se aplicará de forma gradual hasta el año 2013, busca acabar con la morosidad en los pagos que ha estado detrás del cierre de miles de compañías.

La reforma ha tenido un trámite más que complejo. CiU, que presentó hace un año una propuesta de ley que suscitó el apoyo de toda la oposición, ha logrado pactar el grueso de las modificaciones con el PSOE, que se avino a negociar al verse en minoría. Sin embargo, no ha habido acuerdo en el principal caballo de batalla.

La ley actual establece plazos, pero permite a las partes acordar tiempos más largos de pago. Esta opción ha permitido que las grandes empresas obligaran a las pequeñas y autónomos a cobros más dilatados. El PSOE quería retirar en principio esta posibilidad para las microempresas, si bien ha terminado por aceptarlo para las que tengan una facturación inferior a 100 millones de euros (el 99% del total), pero no para las grandes.

EJEMPLO DE FRANCIA Félix Larrosa, el diputado socialista responsable de las negociaciones, argumentó ayer que el derecho de las partes a pactar está recogido por la normativa europea y, si no se respeta para las grandes empresas (que negocian "entre iguales"), puede causar problemas en sectores como la energía y la construcción. En Francia, destacó, se eliminó hace dos años y ha sido un fracaso, porque han tenido que incluir más de 30 excepciones sectoriales.

Pero los argumentos del PSOE no convencieron a la oposición, que ayer tumbó su propuesta en el Congreso. Los socialistas también perdieron otra votación importante. El plazo de pago empezará a contar desde la fecha de recepción de las mercancías o de percepción del servicio, y no desde la llegada de la factura. Esta segunda opción, que es la vigente, permitía a las grandes empresas obligar a su proveedores a mandarles el documento con retraso para ocultar la demora.

Lo que sí aceptó el resto de partidos, a propuesta socialista, es alargar los plazos de entrada en vigor planteados en principio por CiU. Para la administración, será de 55 días desde la entrada en vigor de la ley hasta final de año; de 50 en el 2011; de 40 en el 2012, y de 30 a partir del 2013. Para las empresas, será de 85 días desde la entrada en vigor al final del 2011; de 75 días en el 2012, y de 60 a partir del 2013.

ALIMENTOS El PSOE ha logrado asimismo que el sector agroalimentario tenga un trato especial. Como hasta ahora, los productos frescos y perecederos se pagarán a 30 días y el resto, a 60 días. Pero no se podrá ampliar el plazo hasta llegar a 90 días.

Además, ha logrado que no se cree un observatorio independiente, como planteaba CiU, sino que sea el Ministerio de Industria el que analice los plazos de pago y envíe una vez al año un informe al Congreso sobre la ley. También ha introducido otros mecanismos de penalización y transparencia, como un registro de facturas locales.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que representa en torno a 1,5 millones de empresas, fundamentalmente pymes y microempresas, y las organizaciones de autónomos ATA y UPTA celebraron la aprobación de esta iniciativa, si bien esta última organización consideró que los plazos transitorios son "excesivos" y pidió su revisión en el Senado.

Según cálculos de la PMcM, la limitación de los plazos de pago supondrá para el conjunto de las empresas españolas un ahorro de 10.000 millones de euros.