La comisión del Pacto de Toledo aprobará hoy, salvo sorpresas, unas recomendaciones sobre la reforma del sistema público de pensiones que difieren en lo principal del planteamiento del Gobierno, ante la negativa de los grupos aliados como CiU y PNV de respaldar el retraso en la edad de jubilación a los 67 años.
El empeño del Ejecutivo en abordar cuanto antes esta reforma con o sin acuerdo, presionado por los organismos internacionales, dejará el texto de los parlamentarios en algo simbólico cuando el Consejo de Ministros apruebe su proyecto de ley el próximo 28 de enero.
Una de las 19 recomendaciones del dictamen de la Comisión del Congreso censura al Gobierno por haber decidido la congelación de pensiones para el 2011 al margen del Pacto de Toledo, pese a que el Ejecutivo ha glosado este foro como modelo de acuerdo político.
La comisión pide que se amplíe el cómputo de años para calcular la cuantía de la prestación y que se reserven las jubilaciones anticipadas para las profesiones de mayor penosidad y quienes tengan carreras laborales más largas. Las recomendaciones no son de obligado cumplimiento para el Gobierno, que apenas las tendrá en cuenta para la elaboración de su proyecto de ley.
El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, reitero ayer, en una entrevista a Radio Euskadi, que la reforma de pensiones "hay que hacerla y todo el mundo lo sabe. No hay que darle más vueltas". Según el número dos del Gobierno, no se trata de asegurar las prestaciones a los que ahora tienen 55 años, sino a los que tienen 35, 40 y 45 años.
LA FAMILIA DE BLANCO Utilizando el argumento demográfico, Rubalcaba puso como ejemplo a la familia de su colega de Fomento. Al parecer, José Blanco cuenta que su abuelo vivió cuatro años tras jubilarse y tuvo ocho hijos, mientras que su padre lleva 20 años viviendo tras jubilarse y ha tenido un hijo.
Mientras tanto, autonomías gobernadas por el PSOE, como Extremadura y Baleares, estudian de dónde sacar dinero para dar ayudas a los parados de larga duración que se han quedado sin prestación. Es probable que el Gobierno traslade a las autonomías la responsabilidad de la ayuda de 426 euros que prevé suprimir en el 2011.
