Los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones ya tienen sobre la mesa una primera propuesta de texto para empezar a debatir. La nueva redacción de la recomendación número uno que ha puesto sobre la mesa el letrado de la Comisión plantea que se deje de financiar con cargo a cotizaciones sociales las bonificaciones de los contratos (1.800 millones) y los gastos de personal y de funcionamiento de la Seguridad Social (3.825 millones de euros), según fuentes de la citada comisión parlamentaria. Aplicar ambas cuestiones podría liberar de más de 5.600 millones las cuentas de la Seguridad Social y ayudar a corregir el agujero de unos 20.000 millones que padece el sistema público de pensiones.

La nueva redacción de la primera recomendación del Pacto de Toledo, sobre separación de fuentes de financiación, ha sido formulada por el letrado de la comisión que preside Celia Villalobos (PP) a modo de ejercicio de síntesis a partir de los puntos de coincidencia extraídos tras meses de comparecencias de expertos. El texto será debatido este mismo martes en una reunión de los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo.

"No se trata de una propuesta del Gobierno ni de la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo", subraya una de las personas integrantes de la comisión parlamentaria. "Es un texto, que apenas ocupa medio folio, y que resume algunas de las cuestiones que hemos oído durante estos meses. La redacción final podría ser muy diferente", relativiza.

CONSENSO INICIAL

Lo cierto es que buena parte de los expertos que han pasado por la Comisión del Pacto de Toledo han coincidido en señalar estas dos vías para aligerar las cuentas de la Seguridad Social (bonificaciones a la contratación y gastos de funcionamiento). La propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, se mostró abierta a revisar las bonificaciones durante su comparecencia en la Comisión. La adopción de estas medidas no implicaría necesariamente una aplicación inmediata, sino que podría hacerse de forma gradual.

La redacción formulada por el letrado también hace referencias genéricas a mejorar los ingresos por cotizaciones y a la garantía que el Presupuesto del Estado prestará en todo caso para garantizar la suficiencia de las pensiones, según fuentes conocedoras de este texto.

Los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, avanzan a duras penas. En noviembre la comisión parlamentaria inició las tareas de revisión del sistema público de pensiones con el objetivo de poder tener sobre la mesa en la primavera un documento con recomendaciones para poder enviarlo al Gobierno. Con el mes de junio recién estrenado, los diputados de la comisión apenas tienen sobre la mesa la citada propuesta de nueva redacción de la ‘Recomendación 1’ de las 21 que integran el documento alumbrado en 1995.

ASUNTOS PENDIENTES

En las semanas próximas, el trabajo de la Comisión debería ordenarse a partir de sucesivas propuesta de redacción de cada una de las 21 recomendaciones originarias del Pacto de Toledo, en las que se abarcan cuestiones tales como el poder adquisitivo de las pensiones, la edad de jubilación, el tratamiento fiscal, los planes privados, las bases y periodos de cotización, el fondo de reserva, los regímenes especiales, las pensiones de viudedad y orfandad, mujer y protección social, la discapacidad o la inmigración, entre otras cuestiones

La diputada socialista Mercè Perea opina que hay que dar al debate todo el tiempo que sea necesario, si bien llama a abordar con urgencia cuatro cuestiones: las relativas a pobreza, desequilibrio económico-financiero del sistema, índice de revalorización y factor de sostenibilidad.

El veterano diputado de la Comisión del Pacto de Toledo Carles Campuzano (PDEcat) observa que las "prisas" que muestra el PP por lograr un acuerdo sobre el sistema de pensiones tropiezan con "la situación interna" del PSOE, pendiente de su nuevo liderazgo. Desde el punto de vista de Campuzano, el debate del Pacto de Toledo debe discurrir con calma, ajeno al de la elaboración del Presupuesto del Estado del 2018, pues el Gobierno puede incorporar cualquier medida sobre pensiones en las cuenta del año próximo haya o no un nuevo Pacto de Toledo.