Parmalat presentó suspensión de pagos al amparo del decreto ley de urgencia para salvaguardar grandes empresas en crisis aprobado esta misma semana por el Gobierno italiano. La medida dejará la compañía bajo la tutela del Ministerio de Industria. Un comisario extraordinario designado por el Ejecutivo tendrá plenos poderes para elaborar un plan de viabilidad para la compañía, que es la octava industria de Italia y que tiene una plantilla de más de 36.000 trabajadores.
El grupo, propietario de la española Clesa (que integran entre otras las marcas Cacaolat y Letona), se encuentra inmerso en una crisis financiera sin precedentes, con un agujero contable superior a los 4.000 millones de euros (665.544 millones de pesetas), que algunas fuentes elevan hasta los 10.000 millones.
El comité de empresa de la factoría de Clesa, ubicada en la localidad pontevedresa de Caldas, expresó el temor a que la multinacional italiana Parmalat venda dicho centro de producción.
PERDIDAS OCULTAS El decreto ley acordado por el Gobierno del primer ministro, Silvio Berlusconi, está dirigido "a las grandes empresas". Según las investigaciones, iniciadas el pasado fin de semana a instancias de la Fiscalía de Milán, Parmalat comenzó a ocultar pérdidas a partir de 1990, el año en que salió a cotizar en la bolsa. Esta semana, las acciones fueron suspendidas en la Bolsa de Milán. Los investigadores registraron la casa del fundador del grupo, Calisto Tanzi, que es propietario del club de fútbol Parma.
Según publicó el diario alemán Börse Zeitung, el Deutsche Bank, el primer banco europeo, es el segundo accionista del grupo agroalimentario Parmalat. El conglomerado financiero adquirió esa condición en noviembre pasado, al aumentar su participación hasta el 5,15%.
