El pulso por el futuro concepto energético de Alemania ha entrado en su fase más áspera. En este sentido, la élite empresarial alemana inició ayer oficialmente una campaña contra los planes del Gobierno en materia de energía publicando en varios periódicos un anuncio a toda página firmado por más de 40 líderes empresariales, financieros e industriales del país.
En el centro de las actuales desavenencias está la inclusión en el plan de ahorro del Gobierno de Berlín de un impuesto para el combustible de las centrales nucleares y el incremento de la tasa medioambiental, dos propuestas que rechazan tanto los consorcios energéticos como la mayo- ría del sector industrial alemán, que, paradójicamente, consume casi la mitad de la energía que se produce en el país.
La cancillera alemana, Angela Merkel, y los suyos hacen oídos sordos y se mantienen firmes en sus propósitos. "Habrá una aportación para la consolidación de una u otra manera y la suma se fijará el próximo mes de septiembre", declaró al rotativo Der Spiegel el ministro de Medio Ambiente, Norbert Röttgen. El político liberal --apoyado por el titular del Ministerio de Finanzas, Wolfgang Schäuble-- recordaba que el plan de austeridad alemán cuenta con recaudar 2.300 millones de euros de contribuciones de los consorcios energéticos que trabajan con energía nuclear y aseguró que esa cifra no admite discusión.
"Empresas como E.ON o RWE --declaró Röttgen-- deberían explicar por qué no respaldan semejante impuesto después de haber obtenido beneficios de más de 9.000 millones en la primera mitad del año". Por otra parte, Röttgen destacó que parte de ese dinero se destinará a inversiones en energías renovables, el objetivo del futuro energético de Alemania.
De hecho, la introducción del impuesto es vista por muchos como una contraprestación por prolongar la vida de las centrales nucleares alemanas.
