Los agentes sociales apuestan por que las reducciones temporales de jornada laboral (ERTE) vinculadas con programas de formación constituyan una alternativa al despido, como pasa en Alemania. Para ello, instan al Gobierno a desarrollar una prestación que compense las pérdidas salariales de los trabajadores afectados y bonifique los planes de formación similar a la ya aprobada durante los pasados años de crisis.

Así lo han plasmado UGT, CCOO, CEOE y Cepyme en el preacuerdo salarial firmado el lunes, en el que incluyen la necesidad de desarrollar «nuevas medidas» para mantener el empleo en empresas con dificultades económicas «propiciando reducciones temporales de jornada» y habilitando «procesos de formación». El objetivo de estas medidas de «flexibilidad interna» es «evitar despidos, contribuir a la viabilidad de empresas en situación de dificultad, ajustar costes laborales manteniendo el empleo y fomentando la formación».

Será el Gobierno central el que tendrá la última palabra en las mesas tripartitas de negociación previstas en el cuarto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Fuentes cercanas al Ministerio de Empleo aseguran que existe una predisposición a dar vía libre al preacuerdo, si bien admiten que aún es pronto para estudiarlo y valorarlo. No obstante, cabe anticipar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede mostrarse receptivo a adoptar este tipo de medidas, ya que durante los años de la crisis el PSOE ya incluyó esa iniciativa en su Programa de Reactivación de la Economía.

En particular, UGT interpreta esta iniciativa como «la regulación de una nueva prestación de la Seguridad Social» por el mantenimiento del empleo a través de un ERTE, según figura en la argumentación a favor del preacuerdo salarial distribuido entre sus afiliados.

En la práctica, la idea sería recuperar una parte de la ley 27/2009 aprobada en el diálogo social en el 2009 y que estuvo vigente hasta el 2013. Concretamente, la que fija el derecho de los trabajadores afectados por un ERTE a la reposición de la duración de la prestación por desempleo por el mismo número de días que hubieran percibido el desempleo parcial con un límite máximo de 180 días, más un complemento con el fin de no perder retribución.

La ley del 2009, además, incluía una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social vinculadas a los trabajadores en situación de suspensión de contrato o de reducción temporal de jornada. Esta bonificación podía llegar al 80% si la empresa promovía acciones formativas o de conciliación familiar. La recuperación de estas medidas, complementadas con los planes formativos, apuntan a que el modelo propuesto por los sindicatos y los empresarios busca asumir el denominado kurzarbeit alemán.

COSTE INFERIOR / La novedad de esta ayuda es que no consumiría la prestación por desempleo, algo que ahora sí sucede. Según el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, este modelo tendría « un coste inferior» que el que soporta el actual sistema de prestaciones por desempleo, ya que «el reparto del coste laboral sería más solidario» por distribuirse entre el empleador y el erario. A cambio, la empresa debería habilitar planes de formación, que también tendrían que ser subvencionados por el Estado.

Se estima que de los 18.745 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en lo que va de año en España, el 9,1% de los damnificados por reducciones temporales de jornada (1.715) podrían beneficiarse de esta propuesta.

Pero el preacuerdo salarial alcanzado por la patronal y los sindicatos no solo plantea deshacer la reforma laboral del 2012 para recuperar estímulos a las reducciones temporales de empleo. También se plantea volver a la situación anterior para recuperar la figura de la jubilación forzosa sin indemnización con la que los sindicatos quieren promover el relevo generacional en el empleo, y las empresas, ahorrar costes. Así consta en el documento firmado el lunes por los agentes sociales.