El vicepresidente Pedro Solbes dijo ayer que la normativa que limita los derechos políticos de las empresas extranjeras con capital público que entren en firmas energéticas españolas, la llamada ley Rato, es "un elemento más dentro de toda la distorsión referente al mercado energético". La Comisión Europea decidió el martes llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que supone una "restricción injustificada de la libre circulación de capitales".
