El decreto con el último plan de choque del Gobierno para impulsar la recuperación y tranquilizar a los mercados fue convalidado ayer en el Congreso de los Diputados con los votos de PSOE, PNV y Coalición Canaria. El PP se abstuvo, lo mismo que CiU, expresando así su falta de apoyo a unas medidas a las que, en conjunto, no se oponen pero que son juzgadas como "incoherentes" y "desordenadas", según el portavoz popular, Cristóbal Montoro. El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, criticó la "improvisación" y la "confusión" que genera un modo "poco serio" de legislar y calificó el decreto como un "refrito de medidas".

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, defendió la adopción "urgente" de las medidas ya que "el contexto de elevada incertidumbre" no admite "dilación" en la toma de decisiones, dijo. Los grupos que apoyan al Gobierno rechazaron la propuesta de PP y CiU de tramitar el proyecto como decreto ley, lo que habría permitido la introducción de enmiendas.

Varias de las medidas del decreto ya entraron en vigor en el momento de su publicación en el BOE el 4 de diciembre: la subida de impuestos del tabaco; las medidas para acelerar y abaratar la creación de empresas o la ampliación de los beneficios fiscales para la inversión. Otras medidas entrarán en vigor con el nuevo año (como la rebaja del impuesto sobre sociedades para las empresas de tamaño reducido o la adscripción de los nuevos funcionarios al régimen general de la Seguridad Social) y otras lo irán haciendo durante el 2011. Es el caso de la privatización parcial de AENA y del organismo de Loterías, de la gestión privada de los aeropuertos de El Prat y Barajas y de la supresión de la obligatoriedad de pagar la cuota cameral. El Gobierno tampoco prorrogará después de febrero la ayuda de 426 euros a los parados que agoten sus prestaciones.

REDUCIR DEUDA PUBLICA Salgado subrayó el carácter "incondicional" de los objetivos de reducción del déficit. Los 15.000 millones que el Gobierno calcula obtener con la privatización parcial de AENA y las loterías servirán para reducir la deuda pública del Estado.