La fuga de depósitos que ha provocado la debacle del Popular superó los 10.000 millones de euros entre el cierre de marzo y el pasado lunes. Solo en la parte minorista (sin incluir a administraciones públicas y grandes empresas), el banco contaba el pasado lunes con 60.347 millones de personas físicas y pymes, según fuentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Las últimas cifras oficiales de la entidad apuntan a que el banco contaba con 71.187 millones de clientes minoristas (la cifra comparable más aproximada) al cierre del primer trimestre, con lo que habría perdido unos 10.840 millones (el 15,2% del total), a los que habría que sumar los retirados por las grandes compañías y el sector público.
El FROB, dependiente del Ministerio de Economía, ha confirmado este martes, que el Popular había sufrido una fuga de depósitos en los últimos días que lo había llevado a la "quiebra y a la incapacidad de hacer frente a sus pagos" desde el miércoles por la mañana. De no haber mediado su intervención y venta exprés al Santander, tendría que haber decretado un corralito y no podría haber abierto sus oficinas. La actuación de las autoridades, además de evitar el uso de ayudas públicas, tenía como objetivo "proteger a los depositantes como núcleo mollar de la estabilidad financiera".
La intervención, ha argumentado el organismo, ha evitado que quedasen bloqueados los 30.725 millones de euros de personas físicas y 3.500 millones de pymes en depósitos de menos de 100.000 euros (los garantizados por ley). Además, no han sufrido quitas los 5.138 millones de euros de particulares y 4.789 millones de pymes en depósitos por encima de los 100.000 euros (que al no estar garantizados sí son susceptibles de sufrir pérdidas, como ha ocurrido con las acciones y parte de la deuda).
El FROB ha lamentado la pérdida total de su inversión que han sufrido los accionistas y propietarios de deuda convertible y subordinada del Popular (entre 3.000 y 4.000 millones), pero ha defendido que su intervención y venta exprés al Santander ha permitido garantizar la estabilidad financiera de España sin perjuicio para su economía y sin ayudas públicas, así como proteger a los depositantes.
