El Gobierno portugués de centroderecha eliminará antes del 2006 más de 40.000 puestos de trabajo de los 700.000 existentes en los servicios públicos. Esta es la principal medida anunciada ayer por el Ejecutivo luso con el objetivo de reducir el abultado nivel de déficit de las cuentas del Estado.
En el 2002, el déficit de la Administración lusa llegará al 4,1% del producto interior bruto (PIB), muy por encima del 3% permitido por el pacto de estabilidad de los países de la zona euro. Ante el incumplimiento, la Comisión Europea amenazó a Portugal con imponer multas y suspender las subvenciones comunitarias. Para evitar el castigo, el Gobierno ha presentado un compromiso de reducción de gastos, incremento de impuestos y aumento de la competitividad económica.
El control del gasto público se basará, esencialmente, en la reducción de los empleados del Estado --41.064 entre el 2003 y el 2006--, en la moderación salarial y en el recorte de los gastos en sanidad y educación.
El Gobierno congelará hasta el 2006 las subvenciones a escuelas públicas, cerrará centros de enseñanza primaria con menos de 10 alumnos y eliminará estudios "con calidad deficiente o baja demanda". Además, intentará elevar los ingresos de los centros con un alza de las matrículas universitarias. Ahora, un alumno paga el equivalente al salario mínimo anual, de 4.176 euros (694.827 pesetas). En materia de salud, el Gobierno de José Manuel Durao Barroso congelará las subvenciones en el 4% anual y prevé que hospitales y centros sanitarios obtengan ingresos por la privatización de servicios y la introducción de tasas al usuario. Con estas medidas, el Gobierno pretende bajar el déficit público al 2,4% del PIB el 2003 y llegar al 0,5% el 2006.
El plan de reducción de gastos presentado ayer culmina otras medidas que el Ejecutivo viene adoptando desde abril, cuando tomó posesión. Hasta ahora, se había centrado en aumentar las ingresos públicos a través, sobre todo, del aumento del tipo medio del IVA del 16% al 19%, así como con la introducción de peajes en las principales vías rápidas del país. También suspendió la construcción del nuevo aeropuerto de Lisboa y pospuso la nueva línea de tren de alta velocidad.
PROTESTAS SINDICALES
Las medidas han desencadenado el malestar de diversos sectores de la función pública y una huelga general el pasado día 10, la primera en 20 años. Los sindicatos convocarán un nuevo paro general a principios de enero.
El Ejecutivo luso sostiene que estas medidas son necesarias. "Sin la consolidación de los presupuestos --sostiene un portavoz-- no puede haber crecimiento de la economía". En el mensaje de Nochebuena, el primer ministro admitió que el país vive "el que quizá sea el periodo más difícil de los últimos 20 años".
