El Partido Popular aprobó ayer en el pleno del Congreso, con sus votos y los de Coalición Canaria (CC), un nuevo cambio en la ley general de la Seguridad Social con el que intenta evitar que las autonomías ofrezcan complementos de pensiones, con el argumento de que estas prestaciones deben ser iguales en todas las comunidades.
La ley obtuvo 154 votos a favor, 120 en contra y dos abstenciones. El Gobierno central afirmó que el propósito de esta norma es garantizar "los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad" en el sistema de la Seguridad Social. El diputado popular Tomás Burgos fue más contundente: "Complementar pensiones en ciertas regiones --dijo-- es un sistema en pagas y no de derechos, que se basa en la magnanimidad de los gobiernos y que supone una afrenta a los mayores".
La nueva ley establece que "cualquier prestación de carácter público que tenga por finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones económicas" del sistema, "en sus modalidades contributivas y no contributivas, forma parte del Sistema de Seguridad Social" y por ello debe basarse en los principios de unidad e igualdad.
CRITICAS DE LA OPOSICION La diputada del PSOE Isabel López auguró que la ley responde "al cabreo del Gobierno ante una sentencia del Tribunal Constitucional que daba la razón a la Junta de Andalucía" y le permitía complementar las pensiones no contributivas. Carles Campuzano, de CiU, calificó la ley de "lacra social" porque niega "la respuesta de las autonomías de ampliar las pensiones de carácter no contributivo".
La Junta de Andalucía estableció en 1999 una paga compensatoria a los pensionistas con subsidios no asistenciales de jubilación e invalidez, y el ejemplo fue seguido después por otras comunidades, como Cataluña y La Rioja. En todos los casos se trata de complementos mínimos: una paga única de 73,78 euros (12.275 pesetas) en Andalucía para 109.000 pensionistas; o 24 euros al mes (4.000 pesetas) para las viudas catalanas cuya pensión sea inferior a los 600 euros (100.000). El Constitucional dio la razón a las comunidades y José María Aznar respondió con el anuncio de una nueva ley que impida estos complementos.
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REACCIONES El consejero de Gobernación andaluz, Alfonso Perales, calificó la nueva norma de "atentado contra los más desfavorecidos" y anunció que seguirá complementando las pensiones a los 300.000 andaluces con las retribuciones más bajas, informa Salomé Machío.
La consejera catalana en funciones de Bienestar y Familia, Irene Rigau, calificó la ley de "intento de modificar la doctrina constitucional con una clara voluntad de involución autonómica". Reiteró que las pensiones se continuarán pagando "este año, el 2004 y el 2005, como consta en los presupuestos de la Generalitat del 2002, que contaron con el voto del PP".
