El Gobierno volverá a tener la potestad de sancionar a los beneficiarios de prestaciones de desempleo que cometan infracciones, una competencia que Cataluña, Galicia, Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana tienen actualmente transferida. El PP, que ya había anunciado su intención de introducir una enmienda en ese sentido en la ley de empleo, pactó con la oposición que no lo haría a cambio de su apoyo a la ley, que se aprobó el 27 de noviembre. Como CiU y PNV votaron en contra por considerar que invade competencias autonómicas, el PP ha incluido el cambio en la ley de acompañamiento que se tramita en el Senado.
