El PP se ha apresurado a hurgar en la brecha abierta en el Gobierno socialista a raíz de la política de inmigración, de las polémicas declaraciones efectuadas por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y de su posterior desautorización por parte de la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ofreció ayer el "apoyo firme" e "incluso parlamentario" de su grupo a Corbacho, para "poner sentido común a la política de inmigración", frente a De la Vega.
Corbacho había anunciado el jueves que la contratación en origen de extranjeros debía "aproximarse a cero" dado el fuerte aumento del paro. Al día siguiente, fue desautorizado por la vicepresidenta. "La política de inmigración no ha cambiado", "se harán las contrataciones que sean necesarias", dijo De la Vega. Tal fue el varapalo, que Corbacho admitió que "algo tuvo que fallar" el día anterior ya que "nunca he dicho que haya que liquidar la contratación en origen". Para remate, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, mostró ayer su respaldo al titular de Trabajo, opinando que no ha habido "ninguna contradicción" en las sucesivas declaraciones de Corbacho. "Hay que lograr contratar con los recursos disponibles de trabajo en España, esa es la preferencia y solo lo que se necesite traer de fuera se traería", dijo Sebastián.
El año pasado la contratación en origen de extranjeros retrocedió casi el 60%, hasta 331.625 contratos. El descenso fue en todas las regiones y en todos los sectores, coincidiendo con el repunte del paro en el 2007.
SACAR PARTIDO Sea como fuere, el PP quiere sacar partido de la polémica. Y eso que dentro del PP también hay contradicciones. En línea con González Pons, la portavoz del grupo parlamentario, Soraya Sáenz de Santamaría, alabó "la filosofía" de Corbacho, si bien le criticó por haber lanzado su propuesta "alegremente, sin consensuarla y sin conocer las dificultades de todos y cada uno de los sectores donde se pretende esa recolocación".
Sin embargo, el Gobierno valenciano (PP), a través de su consejero de Inmigración, Rafael Blasco, opinó que las contrataciones en origen "no deben cerrarse" y celebró que "el Gobierno de España haya dado marcha atrás sobre su intención de eliminarlas".
