La política de precios de las tres petroleras más importantes de España, Repsol, Cepsa y BP, debe ser investigada para determinar si han limitado la libre competencia, según ordena una sentencia del Tribunal Supremo. El fallo desestima los recursos de casación presentados por las petroleras contra una denuncia de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Esta asociación presentó una demanda contra las tres petroleras por prácticas restrictivas de la competencia en 1995 y fue archivada tanto por el Servicio de Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía, como por el Tribunal de Defensa de la Competencia.
La confederación denunció que las tres operadoras petrolíferas actuaron "conforme a una estrategia preconcebida con el objetivo último de cerrar el mercado español a la entrada de potenciales competidores".
Según la patronal de las gasolineras, las tres compañías han llevado a cabo de forma concertada "guerras de precios contra estaciones de servicio no ligadas a ninguna de ellas por un contrato de abastecimiento en exclusiva".
El fallo del Tribunal Supremo indica que "no ha lugar a los recursos de casación" de estas tres petroleras contra una sentencia de la Audiencia Nacional que ordena una investigación.
La obligación de que los órganos de Competencia "procedan a practicar nuevas investigaciones encaminadas a determinar si son ciertos o no los hechos" de la denuncia afecta a la "existencia en los contratos de compra en exclusiva de cláusulas de mejor precio".
