El Gobierno obligará a las empresas a que se hagan cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, para que conserven sus derechos a recibir una pensión como el resto de jubilados.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Fernando Castelló, anunció ayer en Barcelona que en próximas fechas se publicará una orden ministerial que desarrolla la ley para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible de julio del 2002, que obligará a las empresas a firmar un convenio especial con la Tesorería de la Seguridad Social "Deberán cotizar para garantizar que los empleados afectados por los expedientes de regulación tengan las mismas prestaciones que el resto de jubilados".
La ley establece un límite de edad y duración de la prestación. Así, las empresas deberán hacerse cargo de los derechos de los trabajadores afectados a partir de los 52 años durante un periodo mínimo de cinco años.
La nueva normativa supone un encarecimiento del coste que deben asumir las compañías por despidos colectivos.
