El presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, y otros tres altos cargos de la línea aérea han sido imputados por un delito de estafa por la Audiencia Nacional, ante la que declararán el próximo 13 de abril.

Junto a Carrillo deben presentarse ante el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional el adjunto a la presidencia de la compañía, Julio Miguel Martínez Sola; la directora del departamento de Ventas, Silvia Avelar Bravo y el director del departamento de Gestión, Juan Barjau Romero.

Esta actuación se produce tras el auto dictado en diciembre de 2006 por el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, en el que se declara competente para investigar la denuncia presentada el día 15 del mismo mes por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la línea aérea por los delitos de "estafa y fraude a los consumidores".

La OCU basó su denuncia en "unos indicios" que apuntaban a que la compañía seguía vendiendo sus billetes a sabiendas de que iba a cerrar sus operaciones, dejando en tierra a más de 120.000 personas, en su mayoría inmigrantes de vacaciones en sus respectivos países, sin poder volver a España.

La imputación por un posible delito de estafa declarada recientemente por el juez Fernando Grande Marlaska, del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, confirma la sospecha inicial de la OCU, cuyo presidente mostró hoy su satisfacción porque "lo que eran sólo unos indicios resultan tener suficiente fundamento para ser tomados en serio".

Como consecuencia del cierre de Air Madrid, tuvo que intervenir el Ministerio de Fomento que firmó, el pasado 17 de enero, un acuerdo con Air Comet, en virtud del cual la compañía del grupo Marsans ha transportado a 6.553 pasajeros afectados hasta finales de marzo.

El acuerdo preveía, asimismo, el compromiso por parte de Air Comet de contratar a 578 empleados de Air Madrid, a la que el ministerio retiró la licencia de funcionamiento en diciembre pasado después de que la compañía madrileña incurriera en repetidos retrasos de sus vuelos.

Ante la retirada de la licencia, la compañía decidió de forma unilateral cancelar todas sus operaciones y presentar suspensión de pagos, lo que dejó a miles de damnificados sin poder viajar en plenas vacaciones navideñas.

En paralelo al procedimiento penal de la Audiencia Nacional, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid tiene abierto el concurso de acreedores de la compañía desde el pasado día 11 de enero.

Este juzgado solicitó a las agencias de viaje y a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para que depositaran el dinero que tenían retenido de los billetes de la aerolínea que ascendía a 13 millones de euros.

Por su parte, los trabajadores de Air Madrid cobrarán indemnizaciones por despido de 28 días por año trabajado, que pagará directamente la empresa, compromiso que adquirió el pasado 16 de febrero.