El contencioso de la CE por presuntas ayudas ilegales a la exportación (700 millones) coincide con la exigencia de devolución de ayudas a los astilleros de Izar (la reclamación inicial, de 340 millones, puede superar los 1.000 millones). En el primer caso, el Gobierno ve posible evitar la devolución pues son ayudas cuyo idéntico antecedente autorizó la CE.
