El PP dio ayer una tregua en su oposición frontal a la política económica del Gobierno y, aunque a regañadientes, prestó su voto positivo al Grupo Socialista para poder sacar adelante el real decreto que debe guiar el saneamiento del sector financiero en los próximos años. Ningún grupo nacionalista votó a favor del nuevo decreto por considerar que la norma, según el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, "se pasa por el forro" las competencias autonómicas en materia de cajas de ahorros.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, defendió que el decreto respeta el "bloque de constitucionalidad" de las competencias repartidas entre la Administración central y las autonomías. Según Salgado, el objetivo es garantizar una "intervención ágil y eficaz" del Banco de España "cuando sea necesario", evitando que peligre la viabilidad de unas entidades que pueden entrar en riesgo "en los próximos meses" si persisten los problemas de liquidez y morosidad actuales.
El portavoz del PP, Alvaro Nadal, cifró en "una treintena" las entidades que precisarán dinero público. Salgado dijo desconocer el dato de Nadal: "Será que está pensando que van a acudir muchas entidades sanas". El real decreto incorpora lo que se conoce como hoja de ruta del sector financiero y tiene, como principal novedad, la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), con 9.000 millones, ampliables a 90.000.
La hoja de ruta descrita en el decreto prevé diferentes pasos en los procesos de saneamiento de bancos y cajas de ahorros y se establece, como criterio general, que la solución última sea la que garantice la máxima solvencia del sistema, con el menor coste para el contribuyente. Primero, se buscarán soluciones privadas. Si es preciso se podrá pedir apoyo del Fondo de Garantía de Depósitos en las fusiones. Si esta opción no es válida, se podrá optar al dinero público del FROB, pero será el Banco de España quien diseñe las soluciones, y puede imponer una u otra fusión (incluso entre cajas de distintas autonomías).
