¿Es justo que un accionista que tiene el 20% del capital de una compañía tenga limitado el derecho de voto en la junta de accionistas al 10%? O bien, ¿es justo que ese accionista se pueda hacer con el control de una compañía con tan solo el 20% del capital, sin necesidad de lanzar una OPA por el 100% del capital de la que también se podrían beneficiar los accionistas minoritarios? Estas dos preguntas resumen el debate teórico al que tendrán que enfrentarse hoy los diputados en el Congreso.

Hoy se votará la polémica enmienda que el grupo socialista ha presentado aprovechando la tramitación de la Ley de Auditorías. El PSOE quiere suprimir las limitaciones de voto, que, según argumentan, se han convertido en instrumento de "blindaje" de los directivos de las compañías frente a la llegada de nuevos inversores con capacidad de control. Para ello, el PSOE tendrá que convencer, por lo menos, al PP o a CiU.

"ENMIENDA DEL LADRILLO" Y si el debate teórico parece inocente, en la práctica, no lo es en absoluto. En la jerga parlamentaria, la medida ya ha sido bautizada como "la enmienda del ladrillo" porque se interpreta que dos beneficiarias claras de la supresión de los blindajes serían las compañías ACS y Sacyr. Estas constructoras aspiran a un mayor control de Iberdrola y de Repsol, donde pese a ser principales accionistas tropiezan con el muro de sus directivos.

ACS, presidida por Florentino Pérez, posee el 12% de Iberdrola. Su aspiración confesa de hacerse con el 20% de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán tendría poco sentido si sus derechos de voto siguen limitados al 10%. Algo parecido le pasa a Sacyr, presidida por Luis del Rivero, en Repsol, donde, a pesar del tener el 20% de la petrolera, es incapaz de marcar el paso a su presidente, Antoni Brufau.

El derecho de voto también está limitado al 10% en Telefónica, Banco Popular o Banco Sabadell. Según la CNMV, un total de 14 cotizadas mantienen limitaciones a los derechos de voto, de entre el 3% y el 33%.