En momentos de crisis es más preocupante si cabe cobrar a tiempo. En muchas ocasiones, de ese trámite depende o no la supervivencia de las empresas. Con el objetivo de mejorar los plazos de pago de las distintas administraciones con sus proveedores la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha organizado hoy un acto en Madrid. Según cálculos de esta asociación, las pequeñas y medianas empresas podrían ahorrar 6.420 millones de euros anuales en concepto de costes financieros si el plazo de cobro de las deudas pasara de los 98 días actuales a 60. El objetivo final es todavía más ambicioso; llegar a los 30 días.

Medias de pago comparadas con la UE

Esta plataforma, que representa a cerca de un millón de empresas del sector auxiliar de la construcción y alimentación. El portavoz de la Plataforma, Antoni Cañete, calcula que la media de pago es en España de 98 días frente a los 57 de media en la UE, mientras que en el caso concreto de la Administración ese plazo de pago llega 139 días, frente a los 67 de la UE. En el caso de algunos ayuntamientos, esos plazos de pago superan el año.Si estos plazos se redujeran a 60 días, y si se tuvieran en cuenta los menores costes financieros para las grandes empresas, el ahorro total podría sumar más de 9.000 millones de euros al año, lo que en opinión de los organizadores supondría una fuente sustancial de recursos y evitaría el cierre de muchas empresas y la destrucción de empleo.

Acuerdo entre las partes

Otro de los portavoces de la plataforma, Luis Rudolfo, critica que la ley de morosidad vigente, aprobada en el 2004, limita el plazo de pago de las empresas pero al mismo tiempo una cláusula dificulta su aplicación si hay "acuerdo entre las partes".La iniciativa recoge aspectos como la imposición de un interés de demora en caso de retraso, que debería ser el interés legal del dinero incrementado un 50%, o el plazo máximo de 30 días para que las administraciones públicas paguen sus compromisos.