El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) reabrió ayer la polémica sobre la estructura del comercio en España y animó el conflicto de intereses entre los agentes implicados. Un informe de este organismo, que ha sido elaborado a petición expresa del vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, acusa a las administraciones autonómicas de ser las responsables de reducir la competencia en el sector.

"BARRERA LEGAL"

Según el Tribunal de Defensa de la Competencia, las legislaciones y normativas de las comunidades autónomas que restringen o limitan la apertura de nuevos establecimientos "establecen una barrera legal" de entrada en el sector que desincentiva la competencia local, comarcal o regional.

Aunque el trabajo fue encargado por el Ejecutivo a propósito de la fuerte alza de la inflación en el año 2002 y fue acompañado de duras críticas de Rato a la influencia del comercio en la subida del índice de precios de consumo (IPC), las conclusiones divulgadas ayer apenas incluyen una vaga mención a esta cuestión.

Sí que subraya que las normas autonómicas que limitan la apertura de grandes establecimientos restringen a su vez la competencia entre ellos y, por tanto, refuerza el poder de mercado de los que están implantados, así como la creación de monopolios territoriales. Esa situación, agrega el estudio, sí que repercute en los precios, la inversión, el empleo, los consumidores y en los proveedores de estos establecimientos.

Tras exponer sus argumentaciones, el tribunal propone a las autonomías que modifiquen las leyes sobre las grandes superficies para eliminar la normativa que distorsiona "gravemente" la competencia y va en contra de "la libertad de empresa y la defensa de los consumidores y usuarios". Asimismo, aboga por una mayor libertad de horarios comerciales.

Las conclusiones del TDC recibieron un varapalo de la Confederación Española de Comercio (CEC), organismo patronal que se arroga la representación de 600.000 establecimientos y 1,5 millones de trabajadores. "Esto está promovido por una cierta especulación inmobiliaria y financiera, a la que no le importa el crecimiento desordenado", dijo su portavoz, Miguel Angel Fraile.

DINAMISMO ECONOMICO

El representante de la Confederación Española de Comercio criticó el diagnóstico del tribunal. "El comercio en España, junto con la construcción, sigue siendo el sector más dinámico de la economía española, el único con pleno empleo y que genera demanda de trabajadores", subrayó.

Juan Costa, secretario de Estado de Comercio, señaló, en cambio, que el documento "es importante porque permite abrir un proceso de intercambio de opiniones entre los afectados".