El Gobierno renunciará a imponer topes de edad a los consejeros de las sociedades cotizadas. Este tema --que creó gran polémica durante la preparación de la ley financiera-- ni siquiera está en las recomendaciones del informe de la llamada Comisión Aldama sobre las reglas de buen gobierno que deben regir en las compañías.
El presidente de la comisión de expertos, Enrique Aldama, presentó ayer el informe en medio de elogios por parte del vicepresidente Rodrigo Rato y del ministro de Justicia, José María Michavila. Aldama se mostró contrario a recomendar una edad límite para consejeros y presidentes de las empresas "en atención a la creciente esperanza de vida, a la naturaleza liberal o privada del cargo y a las responsabilidades en el proceso de selección que tiene el consejo".
CONTRADICCION
Este criterio contradice el del informe Olivencia sobre buen gobierno de las empresas. Aquel documento fue el argumento de autoridad que esgrimió el ministro Rato para introducir en la ley financiera el tope de edad de 70 años para consejeros y presidentes de las cajas de ahorros.
El informe de Aldama se apoya en los principios de transparencia, lealtad y libertad y persigue, según éste, fijar criterios "que den tranquilidad a las familias que invierten sus ahorros" y a los agentes económicos. Rato acogió la propuesta de obligar a las compañías cotizadas a emitir un informe anual sobre el cumplimiento de estas reglas.
El texto es menos intervencionista que el difundido antes por los expertos del Ministerio de Justicia. No recomienda un tope de edad y tampoco da un criterio rígido sobre el número de miembros que debe tener un consejo, ni sobre si el presidente debe ser ejecutivo o no. Aboga porque en la memoria anual conste la retribución de cada consejero, pero permite que, si se compatibiliza con otra percepción como directivo, ambas se sumen como información global sobre la dirección.
Además, Rato se refirió ayer a la inminente aprobación del decreto sobre ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA), con el que el Gobierno pretende una mayor protección para los pequeños accionistas. La nueva normativa obligará a lanzar una OPA sobre el 100% del capital de una empresa cuando se pretenda alcanzar un 50% o más.
