Internet, después de 20 años con las mismas reglas, podría cambiar en cuestión de dos días. El pleno del Parlamento Europeo rechazó en el mes de julio iniciar las negociaciones para reformar la ley europea de derechos de autor y aplazó el problema hasta este 12 de septiembre cuando la propuesta será sometida a nueva votación con la posibilidad, esta vez sí, de incluir enmiendas. El motivo de la falta de acuerdo es el canon digital y el rastreo por algoritmos del material protegido, que no convencen al sector. No obstante, el Gobierno español ha solicitado a los eurodiputados españoles que apoyen la redacción de la actual propuesta este miércoles, incluido esos dos puntos. Algo que no convence a la industria tecnológica, consumidores, internautas y startups que han alzado la voz para que el Ejecutivo reconsidere su posición.
La Asociación de empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos digitales (Ametic), la asociación española de economía digital (Adigital), la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios (iCmedia), la Asociación General de Consumidores (Asgeco Confederación), la Asociación Española de Startups, y la Asociación de Internautas han emitido un comunicado de rechazo de la propuesta realizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en el que manifiestan su "sorpresa y decepción" ante la postura del Gobierno.
El grupo pide al Ejecutivo que reconsidere su postura al entender que la propuesta de Directiva incluye medidas que podrían ser "altamente perjudiciales para el desarrollo de Internet, afectando negativamente tanto al desarrollo de los negocios en este ámbito, como al acceso a los contenidos por parte de los consumidores" y explore medidas de auto y co-regulación (compliance), y a los eurodiputados españoles, que busquen un equilibrio entre los derechos de autor y los derechos de los ciudadanos y de las empresas innovadoras. "Es fundamental obtener un equilibrio entre los derechos de los interesados sin perjudicar el ejercicio de otros derechos como el de libertad de expresión", agregan.
Los puntos de la discordia
El texto que los diputados solo podían rechazar o apoyar en julio, sin posibilidad de enmiendas, contiene dos puntos polémicos (artículos 11 y 14), por un lado, el establecimiento de un canon que deberían pagar las plataformas a los medios de comunicación y autores de contenido cuando estos se reproduzcan (como el intento de Tasa Google o canon AEDE que llevó a Google News a cerrar su servicio en España) y, por otro, que las plataformas lleven a cabo un filtraje de contenidos para asegurarse el pago de los derechos de autor por contenido que los usuarios quieran subir a la red.
Para el sector, estas medidas perjudican la creación de contenidos generados por los usuarios y la libertad de expresión en Internet y convierte a las empresas proveedoras en jueces de las posibles infracciones. "Establecería un cambio radical en la regulación, frente a la seguridad jurídica que ha aportado durante más de una década la Directiva de Comercio Electrónico, trasladando la responsabilidad del contenido a la plataforma, mero proveedor del servicio de alojamiento de contenidos", añaden.
