Más de cinco millones de documentos y transacciones pasan anualmente por sus manos, de los que más de la quinta parte son hipotecas. Son el último bastión de la seguridad jurídica, ya que su calificación supone la garantía pública definitiva ante terceros sobre la propiedad de inmuebles, bienes y la legitimación de actos jurídicos. Superada la fase en la que se fomentó su fusión con el cuerpo de notarios, los registradores se adentran en el siglo XXI tecnificados y modernizados.
En la actualidad, el colectivo, unos 1.000 profesionales, afronta una enorme reestructuración, traducida en inversiones en digitalización de documentos y la firma digital, con un coste de 58 millones de euros (9.650 millones de pesetas). Todo ello impulsado por la ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado del 2002 y para cumplir con un mercado "que quiere la mayor seguridad, pero con la mayor rapidez", explica Fernando P. Méndez, decano del Colegio de Registradores. Tanto el derecho registral como la función del cuerpo de notarios forman parte de la denominada justicia preventiva, que está dirigida a evitar los pleitos y las discusiones.
La digitalización de archivos --más de un millón de tomos-- la lleva a cabo Soluziona, filial de Unión Fenosa. Ya está completada en los registros mercantiles y estará acabada en un año en los de la propiedad. El resultado más visible del esfuerzo de modernización realizado es la firma electrónica, que ya funciona y que es el camino más directo entre la creación de un documento y su registro. "Ahorrará trámites presenciales. En lugar de las personas, se desplazarán los documentos", destaca Méndez.
