Desde que se les permitió salir de sus territorios de origen, y sobre todo en los años de la explosión inmobiliaria, las cajas vivieron una enorme expansión, no siempre equilibrada. El impacto de la morosidad en la solvencia, la oscuras perspectivas económicas y los nuevos requisitos internacionales de capital han hecho ineludible una profunda reforma. La reforma que va a aprobar el Gobierno busca aproximar a las entidades de ahorro a los bancos lo más posible, pero sin superar el límite de la privatización. El objetivo es que puedan captar con mayor facilidad el capital que necesitan. Así, se les va a permitir incorporar inversores privados a su propiedad y gestión hasta que representen un máximo del 50% del valor de la caja. También podrán realizar su actividad financiera mediante un banco y gestionar la obra social mediante la caja o convirtiéndose en una fundación.
PROFESIONALIZACION El excesivo peso de los políticos en las cajas también penaliza su funcionamiento y acceso a los mercados. Por ello, el Gobierno va a impedir a los cargos públicos y a los puestos ejecutivos de la Administración estar en sus órganos de gobierno. La mitad de los miembros de estos tendrán que tener experiencia en el sector y las instituciones deberán elaborar un informe anual de gobierno corporativo. Las autonomías perderán control sobre las cajas.
