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La reforma fiscal de Estados Unidos pone en guardia a la Unión Europea

Bruselas teme que exista una doble imposición en algunos servicios, como los financieros. Gobiernos, instituciones y patronales vigilarán de cerca la aplicación de las medidas de Washington

 

SILVIA MARTÍNEZ
02/01/2018

El presidente de EEUU, Donald Trump, consiguió el miércoles 20 de diciembre en el Congreso su victoria más sonada desde que llegó hace poco más de un año a la Casa Blanca: la aprobación de una reforma fiscal que ha puesto en guardia a la Unión Europea (UE) por las consecuencias distorsionadoras que pueden tener las nuevas medidas en relación al comercio internacional, la inversión y la doble imposición.

Hasta cinco ministros europeos, entre ellos el español Cristóbal Montoro, alertaron hace semanas por carta al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Turner Mnuchin, de que el entonces proyecto de reforma podía tener «un importante impacto distorsionador». También la Comisión Europea remitió una misiva firmada por los vicepresidentes Valdis Dombrovskis y Jyrki Katainen y los comisarios de asuntos económicos, Pierre Moscovici, y Comercio, Cecilia Malmström, mostrando su malestar por los planes de la Administración de Trump.

La ministra danesa volvió a avisar antes de Navidad de que vigilarán muy de cerca la aplicación de la reforma por las repercusiones para las empresas europeas, aunque de momento es «demasiado pronto» para avanzar el posible impacto y las eventuales medidas que la UE pueda adoptar. La CE analizará ahora el texto aprobado con «mayor detalle», así como el modo en que se implementarán en la práctica. Y lo mismo hará la patronal europea, que coincide en que es pronto para sopesar los efectos. «Es una legislación muy compleja, así que necesitamos tiempo para evaluar la posible influencia», explicaron a este diario fuentes de la Business Europe.

Dos son los elementos de la reforma que preocupan especialmente. Para empezar, la medida destinada a limitar la erosión de las bases imponibles, que según Bruselas puede hacer que las empresas extranjeras –sobre todo, las del sector de los servicios financieros– paguen impuestos dos veces.

Ese temor también fue expresado en la carta remitida el 11 de diciembre por los cinco grandes países de la UE que alertaron del «potencial extremadamente dañino» para la banca internacional y las aseguradoras, porque las transacciones financieras de los grupos transfronterizos sería tratadas como no deducibles y estarían sujetas a un impuesto del 10%. Esto, a juicio de los gobiernos europeos, puede generar «cargas impositivas significativas» y «distorsionar perjudicialmente los mercados financieros internacionales».

El segundo es la deducción que se aplicará a los beneficios intangibles derivados en el extranjero, porque dará un trato preferencial a la propiedad intelectual más amplio que el que conceden otros regímenes internacionales, incluso a aquella propiedad que ha sido generada fuera de EEUU. Esto significa que el incentivo terminaría subsidiando las exportaciones respecto al consumo interno ya que los beneficios generados por la exportación de derechos de propiedad intelectual serán menos gravados –un 12,5% frente al 21%– que los obtenidos con ventas domésticas. Algo, alertaron los grandes países de la UE, «incompatible» con el consenso en torno a la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios suscrito por más de 100 países. Washington confía en que sus planes permitirán rebajar el abultado déficit público, que supera los 20 trillones de dólares.