El consumidor podrá revocar un crédito al consumo, uno hipotecario o un proceso de reunificación de préstamos realizado en una entidad no financiera --las que no son ni bancos ni cajas-- si en 14 días considera que vulnera alguna de sus expectativas o derechos. Esta es una de las novedades del proyecto de ley que el Gobierno envió ayer al Congreso para proteger a los ciudadanos frente a los abusos de ciertas empresas que se dedican a la concesión de créditos.
Ante la actual situación de desaceleración económica es normal que los ciudadanos soliciten préstamos para afrontar gastos urgentes. Las entidades no financieras son habitualmente las más utilizadas por los consumidores para cubrir una necesidad puntual de liquidez, porque suelen ser menos estrictas en sus requerimientos previos a la hora de prestar dinero. Estas empresas de intermediación no están sometidas a la supervisión del Banco de España como las entidades financieras.
PROTECCION El Gobierno decidió ayer regular por primera vez estos servicios y garantizar la protección de sus clientes. De esta manera, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, y el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, propusieron al Ejecutivo que aprobara un proyecto de ley para establecer unas normas que deberán seguir la entidades no financieras en la contratación de todo tipo de préstamos.
La nueva ley permite al consumidor desistir en 14 días de la operación que ha realizado con una de estas entidades, plazo que considera el Gobierno suficiente para replantearse de nuevo, y más libremente, las condiciones del crédito contratado.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue ayer muy explícita, al afirmar que esta ley quiere proteger al ciudadano frente a "supuestos créditos milagrosos" y condiciones financieras "irresistibles", y evitar que entren en el mercado "insolventes, estafadores y temerarios".
INSCRIPCION La ley, en cumplimiento de una moción aprobada en el Senado, obligará a estas entidades a inscribirse en un registro público estatal, que se nutrirá de registros similares que se crearán en las autonomías. La inclusión en este registro será imprescindible para poder conceder créditos. Además, se exigirá la contratación de un seguro de responsabilidad civil u otra garantía para cubrir las responsabilidades en las que pudieran incurrir frente a sus clientes.
Todos los requisitos de los contratos de crédito o de agrupación de préstamos siempre deberán estipularse por escrito, así como las tarifas de la tasación de los inmuebles, la identidad de los tasadores y todos los gastos de la operación. Las tarifas deberán estar reflejadas en un folleto a disposición del público.
