Los empleados públicos de todas las administraciones --central, auto- nómicas y locales--, excepto los de las empresas públicas, verán reducidos sus ingresos a partir del próximo mes de junio entre el 0,56% y el 7%, según el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El recorte no afectará a quienes perciban un salario bruto inferior a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en torno a los 945 euros. El año 2011 se extenderá la congelación salarial.

El Gobierno, que ensalzó la labor de los funcionarios, se aplicará la misma medicina: presidente y ministros tendrán una reducción del 15%. En el caso de los directores generales será del 8%; los subsecretarios, el 9%; y los secretarios de Estado, el 10%. Los miembros del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y la Fiscalía verán mermados sus ingresos entre un 7 y el 8%.

LOS GRUPOS SALARIALES El recorte mínimo del 0,56% afectará a los funcionarios del grupo E. Para el grupo C2, la bajada se ha situado en el 2,75%; para el C1, en el 4,5%; para el A2 será del 5,75% y para los del A1, del 7%.

Las reducciones se harán tanto en el salario base como en la antigüedad, mientras que los complementos tendrán un ajuste salarial lineal del 5%. El mismo porcentaje afectará al personal laboral, si en la negociación con los sindicatos no consiguen una reducción proporcional.

Los funcionarios notarán en la nómina de junio un recorte que se mantendrá hasta diciembre. El mayor esfuerzo de austeridad, el 30%, recaerá sobre la paga extraordinaria de ese mes, mientras que se salva la extra de junio, ya devengada.

Los trabajadores de las empresas públicas, como Renfe, Adif no verán sin embargo mermados sus ingresos. El Gobierno ha actuado con cautela debido a la existencia de convenios colectivos que establecen la retribución. Sin embargo, sí aplicará los recortes a los directores de las mismas, que son cargos de designación política.

La diferencia entre unos y otros empleados públicos es una de las razones esgrimidas por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF para impugnar el decreto. Sin embargo, ayer no convencieron de ello a la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, que les citó por la mañana únicamente para cumplir con el trámite legal, pero sin aportar datos, una "burla", según los sindicatos.

CONCENTRACIONES Por el contrario, les invitó a "oír la radio" para conocer el decreto que aprobó a última hora de ayer el Consejo de Ministros al mismo tiempo que miles de manifestantes se concentraron antes las delegaciones del Gobierno.

La "alteración sustancial de las circunstancias económicas", es decir, la actual crisis, ha sido la razón esgrimida por parte del Ejecutivo con el fin de rebajar los ingresos a los empleados públicos a partir del próximo junio. Esta descripción aparece en el artículo 38 punto 10 del Estatuto básico de los empleados públicos, aprobado el 2007, que citó Rumí como una "medida estrictamente necesaria para salvar el interés público".