Sánchez anula un impuesto de la luz para bajar el recibo

El anterior Ejecutivo creó el impuesto a la generación en el 2012, en lo peor de la crisis, para acabar con el déficit que acumulaba el sistema eléctrico, que llegó a acumular una deuda de en torno a 20.000 millones de euros. El PP, precisamente, acaba de proponer la suspensión de dicho tributo con el argumento de que su recaudación (unos 1.700 millones) se puede compensar con el incremento de los impuestos que pagan los eléctricos por los derechos de emisión de CO2, cuyos precios se han disparado (podría aportar 1.500 millones, según sus estimaciones). La ministra ha dejado claro que el tributo no se elimina, lo que deja la puerta abierta a volver a subir su tasa en caso de que el sistema lo necesite.

La ministra también ha hecho hincapié en la necesidad de luchar contra la pobreza energética, que afecta a unas 4,6 millones de familias. Además de la creación del bono social para la calefacción, ha explicado que va a cambiar el vigente bono social eléctrico. Cuando cambió su regulación en octubre pasado, unas 2,44 millones de familias recibían esta ayuda. Las eléctricas estiman que el próximo 8 de octubre, cuando finaliza el plazo para apuntarse al nuevo sistema, el número de perceptoras iba a caer a entre 1 y 1,1 millones, lejos de los 2,5 millones de hogares que calculaba el anterior Ejecutivo. Y eso que su cifra ya partía de la asunción de que solo el 45% de los 5,5 millones de potenciales beneficiarios lo iban a pedir.

Plan de choque

Por la mañana, Ribera había anunciado la presentación de un "plan de choque" para hacer frente "a corto plazo" a la escalada del precio de la electricidad. Se trata de medidas, ha explicado, que "puedan hacer oscilar el fiel de la balanza en la dirección correcta, recuperando la senda de transformación energética".

La ministra también ha anticipado iniciativas para mejorar la "protección de los más vulnerables", mediante un "enfoque integral de lucha contra la pobreza energética", así como una propuesta de reformas estructurales que incluya cambios en el funcionamiento del mercado y el sistema fiscal.

"Probablemente tengamos que introducir cambios importantes en el funcionamiento del mercado, pero por ahora la prioridad es abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética", ha argumentado.

Durante la contestación a una pregunta de Unidos Podemos que en principio iba dirigida a la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra se ha limitado a esbozar su plan de choque y de las otras dos líneas de actuación en que trabaja su departamento en relación con recibo de la luz.

"Solamente podemos conseguir un precio estable, predecible, razonable y con costes operativos cero en electricidad si culminamos un proceso de transición energética hacia un sistema 100% renovable y enormemente eficiente. Pero tenemos que recorrer ese camino, es la responsabilidad del Gobierno", ha sostenido.

"Esta serie de medidas nos permitirá ir cambiando el tono general de funcionamiento de un sector que por otra parte tiene un futuro brillante. La transición energética cuenta con la electricidad como gran vector limpio en que los costes, el despliegue de las energías renovables, y la democratización, la presencia de una multiplicidad de actores muy diferentes, será fundamental para trabajar en ese futuro que todos queremos", ha añadido.

Escalada y desprotección

El precio de la electricidad acaba de registrar un nuevo máximo anual en el mercado mayorista (75,93 euros por megavatio hora), que fija en torno a la mitad del precio final que pagan los consumidores. Generar la energía está resultando este año más caro por la subida del petróleo, que arrastra al resto de fuentes fósiles; la subida del precio del carbón por la mayor demanda de China; y la escalada del precio de los derechos de emisión de CO2, que las centrales contaminantes deben comprar para operar.

Paralelamente, la reforma del bono social para consumidores vulnerables del anterior Gobierno está resultando un fracaso. Cuando cambió su regulación en octubre pasado, unas 2,44 millones de familias recibían esta ayuda. Las eléctricas estiman que el próximo 8 de octubre, cuando finaliza el plazo para apuntarse al nuevo sistema, el número de perceptoras habrá caído a entre 1 y 1,1 millones, lejos de los 2,5 millones de hogares que calculaba el anterior Ejecutivo. Y eso que su cifra ya partía de la asunción de que solo el 45% de los 5,5 millones de potenciales beneficiarios lo iban a pedir.

Medidas contra la pobreza

Como adelantó este diario en agosto, el Gobierno planea simplificar los trámites del bono social para hacerlos más accesibles y estudia ampliar el colectivo de beneficiarios creando un nuevo grupo. Actualmente existen tres: consumidores vulnerables (25% de descuento en la factura), vulnerables severos (40%) y en riesgo de exclusión social (100%). Su idea es crear un cuarto tipo, al que en principio llamará de pobreza energética y en el que incluirá a hogares con pocos recursos pero en una situación algo menos grave que los vulnerables.

Paralelamente, está estudiando cómo financiarlo y cabe la posibilidad de que lo asuma el Estado. Actualmente lo hacen las eléctricas, tras un cambio legal aprobado por el anterior Gobierno, pero las empresas lo han llevado a los tribunales y la justicia ya les ha dado la razón en ocasiones anteriores. Nadal calculó que la ayuda a 2,5 millones de hogares tendría un coste de 235,6 millones. Si finalmente son un millón, bajaría a 94,2 millones. Pero la cifra final dependerá del éxito de la campaña de publicidad elaborada por el actual Ejecutivo y del impacto de la ampliación de los beneficiarios.