La burbuja inmobiliaria está amenazada por una situación de "máximo riesgo" debido a la combinación de exceso de viviendas y precios desorbitados, según advirtió ayer el responsable de economía del PSOE y probable asesor del próximo Gobierno, Miguel Sebastián. Para evitar el pinchazo, que provocaría una caída brusca de los precios, Sebastián anunció la creación de una agencia pública que promoverá el alquiler de 350.000 viviendas al año.

El dirigente socialista acudió al Círculo Financiero de La Caixa, en Barcelona, cargado de datos para explicar las grandes líneas del programa económico del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La vivienda es, según dijo, uno de los problemas graves que dejará el Gobierno de José María Aznar, como demuestran los récords de España: una media de siete años de sueldo para pagar el piso frente a cuatro en la Unión Europea y 1,5 viviendas por hogar, por encima de Italia (1,2) y EEUU (1,1). Detrás de estos datos hay, añadió, 3,5 millones de segundas residencias y otros 3,5 millones de viviendas vacías.

Sebastián tuvo que tranquilizar a los constructores asegurando que el PSOE no va contra ellos, puesto que también promoverá pisos de protección social destinados al alquiler y promoverá las infraestructuras.

DESVIO DE LA INVERSION El desvío de inversión a un "sector literalmente improductivo" como la construcción ha restado recursos económicos a la industria y ha contribuido a la desaceleración industrial, según Sebastián. La informática, la electrónica y el textil son los subsectores más tocados. Para avanzar en la senda del modelo de crecimiento de Irlanda (en actividades de más valor añadido), anunció un plan para promover la investigación y desarrollo (I+D) que incluye un incremento del 30% anual en esta partida, la sustitución de las bonificaciones fiscales que sólo benefician a empresas con beneficios y el impulso a las sociedades de capital riesgo.

Este plan contribuirá a aumentar la productividad en España, que ahora tiene un crecimiento de un 0,6% anual, con lo que liberará recursos para el gasto social y determinará los aumentos salariales.

En el objetivo de reducir la temporalidad del mercado laboral del 31% al 15%, el PSOE tiene la expectativa de que los sindicatos realicen una propuesta que evite subir el coste del despido. "Si no la presentan, lo haremos nosotros", afirmó.

En política fiscal, Sebastián defendió el carácter progresivo de un tipo único del 30% para el impuesto sobre la renta con un mínimo exento de tributar de unos 12.000 euros, aunque reconoció que los 20.000 contribuyentes que declaran más saldrán beneficiados con la reforma.