El Tribunal Constitucional ha anulado dos sanciones a Freixenet decretadas por el Consejo de Ministros en 1997 por un importe de 2.073.821 euros (345 millones de pesetas) porque "fueron impuestas sin cobertura legal". Según el fallo, el Gobierno vulneró el derecho a no ser condenado por acciones que cuando se producen no son delito. Freixenet fue condenado por comercializar más de 18 millones de botellas de cava sin completar el periodo mínimo de elaboración y por adquirir vino a una bodega no inscrita en el consejo regulador.
