El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, pidió ayer a los sindicatos el apoyo para el "único" plan que podría salvar los astilleros públicos de Izar, amenazados por un expediente de Bruselas que exige la devolución de ayudas ilegales por importe de 560 millones de euros, además de otros 487 millones de euros reclamados anteriormente.

Este plan, aprobado por el Gobierno, contempla la separación de las actividades militares de las civiles, ya que, según los informes, los astilleros militares se encuentran con mayor carga de trabajo y capacidad que los civiles.

La SEPI propone buscar socios que inyecten capital sin que eso suponga una privatización, pero los sindicatos rechazan la segregación.

Además, unos 20 trabajadores de los Astilleros de Sevilla se encerraron ayer en el ayuntamiento de la capital hispalense para reclamar mayor carga de trabajo y pedir una solución para Izar.