El sector público cada vez quiere parecerse más al privado. El Gobierno planteará hoy a los sindicatos un plan de prejubilaciones que afectará a un máximo de 25.000 funcionarios de la Administración central del Estado, comprendidos entre los 58 y los 64 años de edad. Esta medida no afectará a algunos cuerpos como el de jueces o catedráticos, que han pactado la prolongación de sus carreras más allá de los 65 años.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aclaró a este diario que, a diferencia del sector privado, el coste de las jubilaciones anticipadas de los empleados públicos correrá a cargo de los presupuestos generales del Estado y no de un convenio con la Seguridad Social, como suele suceder en los expedientes de regulación de empleo que presentan las grandes empresas del sector privado.

El plan de Sevilla, anunciado ayer en el Foro Cinco Días, parte de que la edad media de los funcionarios de la Administración central es de 47 años. El ministro pretende un "rejuvenecimiento" mediante jubilaciones anticipadas, voluntarias e incentivadas del 10% de la plantilla, que en su conjunto asciende a 232.149 personas (sin contar los cuerpos de seguridad del Estado). No obstante, la medida propuesta por el ministro prevé también jubilaciones parciales, que suponen la reducción de la jornada del trabajador y la contratación de otro empleado público para relevarle.

REFORMA LEGAL El ministro quiere presentar este plan a los presidentes de las comunidades autónomas para que apliquen medidas similares en sus administraciones, aunque el Gobierno deberá previamente plantear al Parlamento una reforma legal, ya que los funcionarios no tienen derecho a prejubilarse.

Según Sevilla, esta medida está dentro del esquema de jubilación flexible que pactó con los sindicatos en septiembre. Este acuerdo planteaba la jubilación parcial y el estudio de un plan de jubilación anticipada "para colectivos específicos".

FUERA DE LA MESA Precisamente el secretario general de la FSAP-CCOO, Miguel Segarra, mostró ayer su estupor ante el anuncio del ministro de Administraciones Públicas ya que, según aseguró, Sevilla siempre se había opuesto a los procesos de jubilación anticipada. En el acuerdo tan sólo se habló de aplicar la jubilación parcial a funcionarios mayores de 61 años, asegurándoles el 85% del salario, y "estudiar" la prejubilación total para colectivos con trabajos penosos, "como los bomberos", recordó Segarra. También se quejó de que el ministro realizara anuncios fuera de la mesa de negociación.

Precisamente hoy se reúne la mesa del diálogo social y previsiblemente el ministerio planteará esta medida. El secretario general de la FSP-UGT, Julio Lacuerda, aseguró que su sindicato "no va a aceptar" un plan que no prevea la entrada en la Administración de nuevos trabajadores, como estipula el acuerdo de jubilaciones parciales.

Además de las protestas sindicales, Sevilla puede contar con la oposición del Ministerio de Trabajo, contrario a las prejubilaciones y favorable a incentivar el alargamiento de la vida laboral del trabajador.