Los principales sindicatos postales (CCOO, CSI-F y el Sindicato Libre de Correos) alertaron hoy de que la ley que liberalizará este servicio público puede generar la pérdida de hasta 10.000 empleos, por lo que mantienen "latente" el conflicto laboral y no descartan nuevas movilizaciones. El secretario general de CCOO Sector Postal, Regino Martín, calificó en una rueda de prensa la norma que se aprobará esta tarde en el Congreso de los Diputados como una "contrarreforma postal" con una "agenda oculta". A su juicio, el Gobierno ha aplicado la peor política postal "en décadas" y pondrá en entredicho la viabilidad del servicio público y de los puestos de trabajo de sus 60.000 trabajadores, al permitir la entrada de "cualquier operador" con un "ínfimo peaje", sin necesidad de que invierta en infraestructuras. Por ello, los sindicatos consideran que la nueva ley "conlleva un claro recorte en beneficio del negocio de los operadores privados, a los que cede más de mil millones de euros hasta ahora en manos de Correos, y abre vías a su reconversión". Según Martín, con esta ley se recortan derechos que van más allá de la mera trasposición de la directiva europea para la plena liberalización del mercado interior de servicios postales. Por ello, no descartó nuevas movilizaciones como la del pasado junio de los trabajadores de Correos para protestar contra el recorte de 7.000 empleos en la compañía, la mayor empresa pública de España, en los últimos dos años. La previsión de pérdidas para Correos en 2010 es de 151 millones de euros, y de 86 millones en 2011, por lo que Manuel González Molina, por parte de CSI-F, se mostró "francamente indignado". Denunció que la norma "hará desaparecer la mayoría de los carteros rurales, supondrá un desprestigio para los trabajadores de Correos y repercutirá en la prestación de servicio a los ciudadanos". El secretario general del Sindicato Libre de Correos, Daniel López, consideró que el Gobierno llevará a la mayor empresa pública de España a una "muerte lenta", ya que se verá obligada a dar un servicio universal, mientras las empresas privadas se quedarán con las operaciones en las zonas rentables.