Los sindicatos se encuentran nuevamente en estado de alerta y movilización. Después de un periodo de relativa calma tras el pinchazo de la huelga general del 29 de septiembre, CCOO y UGT se preparan ahora para otro escenario de confrontación con el Gobierno con la reforma de las pensiones como eje. Los sindicatos estudian la convocatoria de un nuevo paro general si el Ejecutivo no rectifica algunos de los planteamientos con los que pretende reducir el gasto de la Seguridad Social. A diferencia de la protesta de enero, esta vez la huelga tendría lugar antes de la aprobación de la reforma, prevista para el próximo 28 de enero.
El anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de la fecha en la que el Consejo de Ministros dará el visto bueno definitivo a la nueva normativa del sistema de la Seguridad Social, junto con en endurecimiento en los objetivos de la reforma han obligado a los sindicatos a cambiar el rumbo y la intensidad de las movilizaciones previstas.
El primer paso serán las concentraciones en empresas convocadas para mañana y las manifestaciones en las principales ciudades el próximo sábado, en las que buscarán el máximo apoyo social a la reivindicación de frenar lo que consideran como un ataque al Estado del bienestar. Los siguientes pasos dependerán de las recomendaciones que hagan los partidos políticos en el seno del Pacto de Toledo y, especialmente, de la propuesta de negociación que plantee el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. En todo caso, CCOO y UGT tienen claro que "en caso de convocar una huelga general, se llevaría a cabo antes de la aprobación del decreto", según un destacado dirigente sindical.
El fin de evitar la sensación de que el paro es poco útil ante una norma ya aprobada parte de la lección que dio el escaso seguimiento de la huelga del pasado septiembre a las organizaciones sindicales, según admiten fuentes de CCOO y UGT. En sus cálculos, las centrales también cuentan con una "mayor capacidad de movilización ante un asunto tan sensible socialmente como el de las pensiones".
Para llevar a cabo la huelga antes del 28 de enero, los sindicatos tendrían que presentar la solicitud formal ante la autoridad laboral en la primera quincena del mes de enero para cumplir el plazo legal que establece 10 días de preaviso.
Entre las organizaciones que defienden internamente la preparación del escenario para la convocatoria de un paro general en vísperas del 28 de enero se encuentran CCOO y UGT de Cataluña, según varias fuentes. Los líderes de ambas centrales fueron ayer prudentes y no concretaron su estrategia en público.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León, Angel Hernández, aseguró ayer que la "movilización continúa" y que la "herida sigue abierta" con el Gobierno y que "no se cerrará" hasta que no haya una "reversión de los aspectos más negativos de la reforma laboral" por parte de un Ejecutivo al que acusó de "escorarse hacia la derecha".
Hernández advirtió que un nuevo decreto del Gobierno de manera "unilateral" en materia de pensiones abocará al país a "otra huelga general"
