Los sindicatos CCOO y UGT se han puesto de acuerdo para exigir al Gobierno el incremento de las cotizaciones por desempleo de los contratos temporales como una de las medidas para frenar la precariedad en el empleo. Ambas organizaciones harán público mañana un documento conjunto con seis bloques de medidas que contienen las reivindicaciones sindicales para la reforma laboral.

UGT y CCOO entienden que el abuso de la temporalidad está causando unos costes añadidos al sistema de protección por desempleo y, por tanto, lo justo sería que los empresarios pagasen una sobreprima en forma de cotizaciones cuando se extralimitan en el uso de este contrato.

Para diferenciar justos de pecadores los sindicatos proponen que el Estatuto de los Trabajadores fije los límites causales de la temporalidad. También ven necesario desvincular el contrato de obra y servicio de otros fines para los que no está pensado y erradicar el encadenamiento de contratos temporales, sin descartar un cambio de la norma legal.

MEJORAR LA CALIDAD Estas medidas, destinadas a cambiar el sistema productivo y a mejorar la calidad del empleo, se debatirán hoy en las ejecutivas de ambos sindicatos como respuesta al documento presentado por el Gobierno y que UGT y CCOO rechazaron porque entendían que estaba sesgado a favor de las propuestas empresariales.

Ambos sindicatos consideran que se debe reformar el Estatuto de los Trabajadores para que la norma obligue a los empresarios a convertir trabajadores temporales en fijos cuando incumplen, por ejemplo, los plazos máximos establecidos para un contrato de este tipo, que son 18 meses.

Las centrales exigen también que la ley aumente el derecho de información de los comités de empresa sobre la política laboral, en especial la duración de los contratos, y piden, además, que los trabajadores temporales tengan preferencia para cubrir las vacantes de las plantillas.

Unido a todo esto, UGT y CCOO van a poner énfasis en la mejora de la labor de la Inspección de Trabajo. Los sindicatos proponen participar en las campañas organizadas por el Ministerio de Trabajo para la vigilancia del fraude en la contratación.

Las centrales también harán hincapié en el problema de las subcontratas. CCOO y UGT exigen una definición legal de esta figura, que se amplíe la responsabilidad de la empresa principal, que se persigan a las falsas empresas de trabajo temporal y los falsos autónomos, y que se acabe con la cesión ilegal de empleados a través de las llamadas "empresas multiservicios".