Los sindicatos de funcionarios mostraron ayer su rechazo rotundo al estatuto del empleado público anunciado por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que introduce evaluaciones periódicas del personal. CCOO y CSI-CSIF acusaron al titular de Administraciones Públicas de "faltar al respeto" a los funcionarios al dar "por cerrado" el proceso de negociación de la nueva norma.
En un comunicado conjunto, las dos centrales sindicales recuerdan que el proceso de negociación comenzó el pasado 20 de febrero y que sólo se ha celebrado "una vuelta". Por ello, advierten de que el Estatuto está "claramente inconcluso y en absoluto responde al falso optimismo" expresado por Sevilla.
UGT advirtió de que sólo apoyará un estatuto fruto de la "negociación real y no de un mero intercambio de opiniones", y reclamó a Sevilla "que rectifique". El sindicato USO pidió la dimisión del ministro por haber tratado a los funcionarios de "vividores" al asegurar que no tendrán el cargo garantizado de por vida. El proyecto presentado por Sevilla contempla que se pueda asignar a los funcionarios que "no rindan" otro puesto de trabajo.
