Los sindicatos han introducido en la mesa de negociación de las pensiones una propuesta para evitar la penalización de los estudiantes. Han pedido al Gobierno que pague cotizaciones para evitar que su incorporación tardía al mercado de trabajo les pase factura en el momento de su jubilación por no tener una vida laboral prolongada.

Como punto de partida, han planteado que la Seguridad Social asuma una cotización equivalente a un año por cada grado de estudios. Para Josep Maria Alvarez, líder de la UGT de Cataluña y uno de los impulsores de la iniciativa, "la medida puede ayudar también a luchar contra el elevado fracaso escolar, y ha de ir dirigida igualmente a las mujeres para cubrir periodos de maternidad".

La propuesta se inspira en la experiencia de otros países como Alemania, donde la Seguridad Social reconoce un máximo de ocho años de cotización para estudiantes a partir de los 17 años de edad en caso de que el trabajador no llegue a los 35 años exigidos para la jubilación anticipada, según un informe elaborado por el sindicato español.

UGT argumenta que la extensión a España de una medida similar evitaría efectos negativos sobre colectivos con vidas laborales más cortas que los 39 años de cotización exigidos por el Ejecutivo para pagar el 100% de la pensión con 65 años, sin suponer un coste desmesurado. Sin embargo, la propuesta choca con las restricciones que el Gobierno quiere introducir en la cobertura de vacíos de cotización. Los sindicatos han mostrado su rechazo al límite de dos años que quiere introducir la Seguridad Social, en lugar del 20% que asumía cuando un jubilado tenía periodos sin cotización.

Precisamente ayer, CCOO y UGT se encerraron en varias oficinas de la Seguridad Social en protesta por la reforma del sistema público de pensiones y por el aumento de la edad de jubilación. Según fuentes sindicales, las oficinas se ocuparon de manera pacífica, en una acción informativa, donde se repartieron octavillas tanto a trabajadores como a usuarios, en las que se explican las tesis de los sindicatos en la negociación de la reforma de las pensiones.

Los encierros coincidieron con la votación del informe del Pacto de Toledo en el Pleno del Congreso. Los dirigentes sindicales destacaron la naturaleza de un acto "simbólico pero muy representativo del momento".