El sistema de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea (UE) entró en funcionamiento hace dos años. Fue diseñado para que las industrias que superaran su cuota de contaminación marcada por la UE pudieran comprar derechos de emisión a aquellas que tuvieran excedente. La idea era que hubiera escasez global de permisos para que los precios fueran altos y resultara más atractivo invertir en tecnologías para reducir la contaminación que comprar derechos de emisiones. Al revelarse las asignaciones nacionales más ligeras de lo previsto y existir superávit de derechos, los precios se desplomaron.