La nueva ley de estabilidad presupuestaria que prepara el Gobierno permitirá a las Administraciones Públicas registrar un déficit de hasta el 1% del producto interior bruto (PIB) en momentos de desaceleración económica. Además, las administraciones --Estado, autonomías o corporaciones locales-- con un bajo nivel de deuda podrán incurrir en "un ligero déficit" adicional para financiar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la productividad económica.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, explicó ayer en la Comisión de Economía del Congreso algunas de las líneas maestras que guiarán el proyecto de reforma de la ley de estabilidad, que el Gobierno pretende remitir al Parlamento antes del verano. La nueva ley cambiará la exigencia de déficit cero que introdujo el Gobierno del PP por una mayor flexibilidad en situaciones de desaceleración económica o de mayor esfuerzo inversor, en línea con la reforma en marcha del pacto de estabilidad de la Unión Europea que promueve el comisario Joaquín Almunia.
Según Solbes, estos cambios no supondrán en absoluto una relajación de la disciplina del gasto, sino que la intención del Gobierno es reforzar el uso del presupuesto como instrumento de "política anticíclica".
EQUILIBRIO EN LAS CUENTAS Cuando la economía esté en una fase de crecimiento, que Solbes situó en el 2% o más, se exigirá que todas las Administraciones Públicas presenten equilibrio o superávit en sus cuentas. En situaciones de bajo crecimiento se admitirá un "déficit limitado". Aunque Solbes no concretó, reconoció que el tope del 1% del PIB es una cifra "muy posible".
El ministro defendió el objetivo de "reforzar el compromiso de todas las administraciones con la disciplina fiscal" y de "lograr un consenso amplio" con todas ellas. En su opinión las comunidades carecen ahora de autonomía a la hora de fijar sus propios objetivos de estabilidad. Además se pretende mejorar la transparencia en el suministro de información sobre las cuentas, así como separar el Estado de la Seguridad Social en la fijación de objetivos.
Según los planes del Ejecutivo, la mayor holgura en el déficit público será para las administraciones menos endeudadas. Cataluña es la comunidad con mayor nivel de deuda en valores absolutos (12.230 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (9.345), Madrid (8.976) y Andalucía (7.417). Las menos endeudadas son La Rioja, Cantabria, Navarra y Extremadura.
CRITICA DEL PP El portavoz del PP, Miguel Arias Cañete, interpretó que la reforma propuesta por Solbes es "un error", descalificó el "déficit a la carta" y defendió aplicar la política de estabilidad "con todo rigor". Según el PP, el tope de déficit del 1% del PIB es una cifra muy elevada, de más de 8.500 millones de euros, "que habrá que pagar con más impuestos y deuda pública".
