El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, instó hoy a las entidades financieras "a trasladar cuanto antes" a familias y empresas las medidas de apoyo a la financiación puestas en marcha por el Gobierno.

Durante una reunión con los representantes de las grandes entidades financieras y de las patronales del sector, Solbes aprovechó además para analizar las medidas de apoyo a la banca, así como la evolución del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) y la concesión de avales del Estado para las nuevas emisiones de deuda de las entidades de crédito.

A la reunión, que comenzó a las 12.00 horas, asistieron además de Solbes y el secretario de Estado de Economía, David Vegara, el presidente del BBVA, Francisco González; el presidente de La Caixa, Isidre Fainé; el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el vicepresidente del Banco Santander Matías Rodríguez Inciarte.

También estuvieron presentes los presidentes de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás, las patronales del sector.

Según informó hoy el Ministerio en una nota, más del 90% de las entidades registradas en España han solicitado los avales del Gobierno para sus nuevas emisiones de deuda, una vez transcurrido el plazo que comenzó el 24 de noviembre y concluyó el martes.

En cuanto a las subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, mañana comienza a las 10.00 horas el periodo de presentación de ofertas para la segunda y concluirá el martes 9 de diciembre a la misma hora.

En esta segunda subasta, que tendrá lugar el 11 de diciembre, se adquirirán, mediante compras en firme, cédulas hipotecarias y bonos de titulización de activos respaldados por cédulas hipotecarias, en ambos casos de nueva emisión, cuyo plazo de vencimiento o vida estimada media sea de tres años y con calificación crediticia "triple A" o asimilada, por un importe total de 7.885 millones de euros.

El sector financiero considera que las medidas puestas en marcha por el Gobierno "son útiles" para mejorar la oferta de crédito en un contexto de desaceleración económica y han mostrado su total disposición para utilizarlas y lograr su principal objetivo, que es mejorar la financiación de "operaciones solventes de las familias y empresas".