Millones de pequeños consumidores de la luz pasarán a pagar un recibo más abultado en los próximos meses sin que medie una de las tradicionales subidas trimestrales del precio de la energía. El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció ayer, así, que planea reducir de forma drástica el número de consumidores que se benefician de la tarifa eléctrica de último recurso (la conocida como TUR), regulada en parte por el Gobierno.

Esta tarifa beneficia a más de 20 millones de pequeños consumidores, principalmente hogares pero también del sector servicios (pequeñas oficinas o despachos profesionales), que tienen contratada una potencia igual o inferior a 10 KW. El ministro adelantó que prevé reducir este límite a "algo menos" de la mitad. Fuentes de su entorno precisaron que será de entre "3 y 5 KW".

No hay datos oficiales públicos, con lo que es imposible saber a cuántos hogares afectará. Pero según fuentes del sector "serán millones" con toda seguridad. Algunas fuentes lo cifran en un mínimo de seis millones si se sitúan en 5 KW, pero otras aseguran que serán muchísimos más. Los afectados tendrán que negociar sus contratos con las eléctricas. Los precios en el mercado libre para los consumidores domésticos que decidieron cambiarse al mismo pese a no estar obligados han sido tradicionalmente mayores que los de la TUR, aunque en los últimos tiempos han tendido a equilibrarse.

EXCLUIDOS DEL BONO SOCIAL Una de las consecuencias del cambio será que se reducirá el número de beneficiarios del bono social (descuentos en la TUR). Actualmente beneficia a los que tienen menos de 3 KW de potencia contratada, pero también a pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas y hogares en los que todos sus integrantes se encuentran en situación de desempleo.

En principio, el bono social, que nació en el 2009, iba a acabar en el 2013, pero Soria anunció este verano que "se garantizará una tarifa" para este tipo de consumidores económicamente más vulnerables. Sin embargo, fuentes cercanas al ministro aseguraron ayer que los perceptores del bono social con una potencia contratada superior al nuevo límite que se fije --esos entre 3 y 5 KW-- "pasarán" al mercado libre. Las familias numerosas, en particular, se verían ampliamente afectadas.

Reducir el número de beneficiarios de la TUR está en línea con el mandato europeo de avanzar en la liberalización del sector eléctrico. Sin embargo, otra de las razones que impulsa a Industria a hacerlo es reducir el déficit de tarifa: la diferencia entre el coste que supone a las eléctricas sumunistrar la TUR y los ingresos que reciben, cuyo acumulado de los últimos años asciende a 24.000 millones.

Soria realizó el anuncio tras anunciar una serie de nuevos impuestos a las eléctricas para lograr que el año que viene no haya déficit tarifario, como exige una ley del 2010. El ministro se mostró confiado en que las eléctricas no repercutan estos tributos a sus clientes y destacó que, de no crearlos, el desfase tarifario del 2013 hubiera sido de 5.250 millones.

Los impuestos van a aportar 2.943 millones. Además, el Tesoro asumirá los 2.066 millones que cuestan los títulos de deuda emitidos por las eléctricas con el cobro del déficit como garantía y que ahora se pagaban con la tarifa.