El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, advirtió ayer de que el superávit de las cuentas de la Seguridad Social "podría desaparecer durante este año" por efecto de la crisis económica. Además, recordó que las proyecciones del Gobierno y de la Comisión Europea sitúan en el 2025 el momento en que el sistema español entrará en un déficit creciente, después de haber agotado el fondo de reserva acumulado en los últimos años. Por ello, en una comparecencia parlamentaria ante la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, Fernández Ordóñez abogó por adoptar "cuanto antes" unas reformas "moderadas" del sistema público de pensiones, para evitar que el retraso convierta las medidas necesarias en "traumáticas".
Fernández Ordóñez comenzó su intervención recordando que el sistema de pensiones y su reforma no entran dentro de las competencias que tiene atribuidas el Banco de España. Su comparecencia había sido solicitada por la comisión parlamentaria y el gobernador adelantó las líneas generales de una nota que ultima el Servicio de Estudios del Banco de España que, según dijo, resume "el consenso de los especialistas" sobre los problemas del sistema español de pensiones y las posibles vías de reforma. Con esta cautela, Fernández Ordóñez quiso dejar bien sentado que "no se trata de propuestas del Banco de España" para evitar posibles críticas, como las recibidas hace unas semanas a propósito de la reforma laboral y el coste del despido.
RECHAZO DE LOS SINDICATOS En definitiva, la mayoría de las propuestas que ayer glosó el gobernador conllevan un endurecimiento de las condiciones de acceso a la pensión de jubilación o un recorte de la prestación que suscitan, como mínimo, el rechazo sindical.
"Negar que tenemos un problema de sostenibilidad en el sistema público de pensiones es absurdo", dijo el gobernador. "No es un problema tremendo", añadió, es un problema "soluble" que "debemos tratar". Y hay que adoptar las medidas pronto, "no porque sea urgente, sino para evitar que sean más traumáticas", explicó.
Fernández Ordóñez dijo que existe un "amplio abanico" de posibles medidas, y que todo dependerá de la "valoración política" que se haga. En todo caso, abogó por seguir las líneas del Pacto de Toledo y avanzar en la "contributividad" del sistema (mayor conexión entre lo cotizado durante la vida laboral y la pensión de cada jubilado) y en alargar la edad de jubilación.
Para estos objetivos, explicó las diferentes políticas adoptadas en países del entorno que pasan por retrasar la edad legal de jubilación, endurecer la anticipada o incentivar la permanencia en el empleo. También habló de ampliar el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora (Francia ha pasado de 10 a 25 años y Austria lo ha elevado a 40 años), así como de alargar el número de años que permiten determinados porcentajes de pensión.
