Si para algo ha servido el último debate sobre la reforma de las pensiones es para constatar que para muchos políticos es casi un tabú reconocer que tienen un plan de pensiones, algo de lo que disponen 7,5 millones de españoles. El propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quizá por desconocimiento, o puede que por no alimentar una polémica adversa para el Gobierno, dijo ayer que no tenía ningún plan de pensiones privado (todos los parlamentarios lo tienen). La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió tener uno, "pero muy bajito", se excusó. "Mi vida privada no tiene ningún interés", respondió el ministro de Educación, Angel Gabilondo.

Ayer, la pregunta del Congreso era "¿tiene usted un plan privado de pensiones?" y cada político salía del trance como mejor podía. Sobre todo después de haber visto cómo era zarandeado el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, por unas declaraciones del día anterior. En Telemadrid, fue preguntado por los planes privados de pensiones. "Si usted me pregunta si es bueno tener un plan complementario, la respuesta que le doy es sí. Yo tengo un plan privado, hace ya muchos años. Y parece razonable que cuando uno se jubila va a tener una merma en su salario, y el plan complementario no tiene que sustituir a la pensión principal, sino garantizar ese gap entre la pensión y tu salario", respondió.

ENTRE "LO OBVIO" Y "EL MIEDO" Una reflexión que resultó "obvia" para el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, ha servido para desencadenar la tercera gran polémica del debate sobre la reforma de las pensiones. Primero fue si retrasar o no la edad de jubilación. Luego, si ampliar o no el periodo de cálculo de las pensiones. Ahora el debate es si aconsejar suscribir un plan privado supone cuestionar el sistema público.

Así se ha encauzado este último debate, lejos de la reflexión más constructiva del propio Pacto de Toledo, donde "las partes firmantes --dice el texto de 20 de septiembre de 1996-- valoran positivamente los sistemas voluntarios complementarios del sistema público, tanto individuales como colectivos, en la medida en que pueden contribuir a consolidar el modelo de protección social configurado en el artículo 41 de la Constitución".

Tanto el PP como IU han interpretado que la intención del Gobierno es "meter miedo" sobre el futuro de las pensiones, según coinciden en afirmar Cristóbal Montoro y Gaspar Llamazares. Este, además, cree que el objetivo último del Gobierno es que los ciudadanos "se acojan a los sistemas privados de pensiones". Lo cierto es que ambos reconocen tener un plan de ahorro para la jubilación. El portavoz de IU se justificó: "Tengo un fondo de ahorro, pero yo no recomiendo a los ciudadanos que suscriban un plan de pensiones. Su rentabilidad es menor que la de un bono del Estado, que es del 2%; y la mayor parte de ellos han perdido entre el 20% y el 30% del capital inicial" por la crisis.

De los miembros del Gobierno, la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, y el de Justicia, Francisco Caamaño, dijeron no tener un plan privado. El de Fomento, José Blanco, dijo que solo tiene el que le ofrece el Parlamento. La vicepresidenta Elena Salgado no aclaró si tenía o no un plan privado. Las ministras de Vivienda y de Agricultura admitieron que sí y el de Exteriores dijo que es un asunto privado.

Dentro de la familia socialista, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), admitió tener un plan privado, al que aporta 60 euros al mes, y resaltó que lo importante es que "seamos capaces de fortalecer el sistema" y "que cada uno haga lo que quiera con su vida y su dinero".

En el PP, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntó que la defensa de Corbacho de los planes privados es una "hipocresía exactamente igual" que cuando los socialistas "obligan a estudiar en catalán, pero el presidente de la Generalitat lleva a sus niños a un colegio alemán".

Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) explicó que no solo tiene uno (al que aporta 600 euros al mes), sino que recomienda que todos los que puedan lo hagan, no por "desconfianza" en el sistema público, sino porque las pensiones "son bajas". Josu Erkoreka (PNV) también lo tiene y lo recomienda porque, opinó, las pensiones futuras no superarán el "nivel mínimo imprescindible" para vivir con dignidad.