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Una salida de pata de banco. El Tribunal Constitucional se ha quejado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por las críticas que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha vertido contra la sentencia que anuló la condena a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos.

Los 12 magistrados del Constitucional suscribieron el martes un acuerdo donde expresan "su rechazo" a las declaraciones realizadas el jueves por Conde-Pumpido contra la sentencia que anuló la condena de tres y cuatro meses que el Supremo impuso a Los Albertos, por estafa y falsedad en un documento mercantil por la venta de los terrenos de Urbanor, donde se construyeron las Torres KIO de Madrid.

El acuerdo fue remitido al presidente del Gobierno en una carta en la que no reclaman la destitución del fiscal del Estado, según fuentes del alto tribunal, que se negaron a facilitar el contenido íntegro de la misiva. Esta es la primera vez que el Constitucional se dirige al presidente del Gobierno para quejarse de otra institución judicial.

Conde-Pumpido no fue informado por el Constitucional de su iniciativa ni tampoco ha recibido una protesta formal por sus declaraciones. Por ello, se mostró ayer sorprendido por la reacción del Constitucional, según fuentes fiscales.

Esas fuentes también afirmaron que el fiscal se quejó de que el Constitucional no respete el derecho a la crítica a las resoluciones judiciales. También lamentó que un órgano judicial acuda al poder ejecutivo para que Zapatero acabe "regañándole o cesándole". "Es un disparate conceptual", enfatizaron.

LAS DECLARACIONES Conde- Pumpido afirmó que la decisión del Constitucional de anular la condena a los Albertos era "muy preocupante" e incurría en un "exceso" de jurisdicción porque decidía que los hechos habían prescrito. Por ello, el fiscal del Estado --magistrado en excedencia del Supremo-- rechazó "radical, total y absolutamente" el fallo del Constitucional porque permite a los financieros quedarse "con el dinero de la estafa", 44 millones de euros.

Los magistrados del Supremo también atacaron la decisión de sus colegas y en una nota les recordaron que la Carta Magna establece que el Supremo "es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes". Por ello, recriminaron al Constitucional que hubiera invadido sus funciones al anular decisiones que les competen a ellos. La guerra que mantienen estas instituciones empezó hace 10 años.