Sólo dos de cada tres empleadas del hogar están dadas de alta en la Seguridad Social, una situación que aunque se ha reconducido en los últimos años denota todavía un alto porcentaje de fraude laboral existente. El pasado había 424.395 personas cotizando en el sistema especial de empleados del hogar dentro del régimen general de la Seguridad Social, según datos del Ministerio de Empleo. Sin embargo, eran 617.400 las personas que aseguraban estar ocupadas en actividades del hogar como personal doméstico, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, de las que su mayor parte (541.300) eran mujeres.

Estos datos revelan que sólo el 68,7% de estos empleados está dado de alta en la Seguridad Social, una tasa que ha mejorado respecto a los cinco últimos trimestres, aunque la más alta se alcanzó hace dos años, cuando el 70 % de estos empleados cotizaban.

El número de trabajadores domésticos cotizantes a la Seguridad Social se ha mantenido casi estable desde que en el 2012 se integró el antiguo régimen especial de empleados del hogar dentro del régimen general, pero como un sistema especial.

Ese año, la afiliación en este sector se incrementó en más de 130.000 personas, debido a la afloración de empleo sumergido, pero también a que la norma introdujo la obligación de dar de alta y cotizar desde la primera hora, ya que hasta entonces no era necesario hacerlo por un trabajo inferior a 72 horas mensuales.

Entre las medidas que se pusieron en marcha en ese momento para «animar» a las familias a dar de alta a los empleados de hogar estuvo la reducción del 20% en las cuotas a la Seguridad Social que, de forma imprevista, el Gobierno dejó de aplicar hace un mes al no incluir una prórroga en los Presupuestos del 2017. Sí se mantiene la bonificación del 45% para familias numerosas.

Desde el PDCat ya han avanzado que pedirán al Gobierno que recupere esa reducción y han advertido que eliminarla puede favorecer el incremento de la economía sumergida en este sector donde el fraude laboral sigue siendo elevado. Entre los motivos de ese fraude están las dificultades de control por parte de la Inspección de Trabajo, tal y como aseguró la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.

En la actualidad, los inspectores de trabajo no pueden acceder a un domicilio particular, por lo que el sindicato ha pedido que se modifique el real decreto de la Inspección de Trabajo para regular su actuación en los casos en los que se lleva a cabo una labor remunerada en un hogar.

«Hay pocas mujeres que realizan trabajos domésticos y están dadas de alta a la Seguridad Social», dijo Antoñanzas. Este asunto, afirma, debe implementarse de cara al fin del periodo de aplicación del sistema especial, (1 de enero del 2019), momento desde el que el tipo de cotización y la distribución entre empleador y empleado serán las establecidas para el régimen general.