Desde ayer, los más de 50.000 cajeros automáticos que hay en España informarán sobre el importe que cobran las entidades por las operaciones de extracción de efectivo, consulta de saldo y movimientos de cuenta. Hasta ahora sólo tenían esta obligación las terminales de las sucursales de la red del banco o caja donde el usuario tenía su cuenta.
La orden ministerial de octubre del 2003 sobre transparencia de los servicios bancarios otorgó una prórroga de seis meses a las entidades financieras para que ajustaran los sistemas informáticos y se adaptaran a la normativa. El coste estimado de esta adaptación ha rondado los 16 millones de euros.
Durante este periodo transitorio que expiró ayer, el cliente sólo obtenía la información exacta sobre los costes que comportaba la transacción en una sucursal de su propio banco o caja. Si el usuario introducía la tarjeta en un cajero de otra entidad o de una red distinta a la suya --Servired, 4B y Euro 6000--, la terminal podía limitarse a comunicar al operario que estaba cobrando una comisión. En todos los casos, el cajero siempre daba la posibilidad de desistir de la operación.
Esta libertad de opción se mantiene pero, ahora, todos los cajeros deberán especificar, al menos, el importe máximo del cargo que aplican. Cada banco o caja deberá además informar mensualmente a sus clientes sobre los costes que está pagando.
De las 2.367 operaciones en cajero que los españoles realizaron en el 2003, sólo un 7% se producen en entidades distintas a la que el usuario tiene cuenta.
